Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Constitucional. Lo normal es que no vaya al Tribunal Constitucional. Debe ir
cuando el Contralor representa un decreto promulgatorio de una ley que se
aparta de los términos de la voluntad soberana expresada por el Congreso;
debe ir también cuando se trata de un decreto promulgatorio de una
reforma constitucional, y, en tercer lugar, debe ir —en su concepto—
cuando se trata de un decreto, no sólo ilegal, sino manifiestamente
contrario a la Carta Fundamental, que viole, por ejemplo una garantía
constitucional. En esos tres casos la insistencia del Presidente de la
República no puede prevalecer, y debe necesariamente ir al Tribunal
Constitucional.
Entiende que el problema planteado por el profesor Guzmán Dinator
es otro, y que lo que él desea es limitar la facultad de insistencia inclusive
en aquellos casos de decretos que simplemente infringen la ley —no ya la
Constitución— de modo que no se pueda hacer un uso abusivo de dicha
atribución, como se ha hecho hasta ahora, cuyo ejercicio debería ser factible
sólo cuando razones de orden superior, de orden público o de Gobierno
justifiquen la insistencia.
Ahora, podría tal vez ocurrir que una razón de orden público o de
Gobierno pudiera mediar en la situación de un decreto inconstitucional, caso
en el cual sí que iría al Tribunal Constitucional, concluye señalando el señor
Presidente.
La señora BULNES expresa que el señor Guzmán Dinator ha hecho la
distinción que existe entre actos de Gobierno y actos de administración. De
tal manera que, primero, plantea la necesidad de llevar la insistencia a la
jerarquía constitucional; segundo, en el caso de actos de Administración, el
Contralor estaría obligado a tomar razón de los decretos de insistencia. En
cambio, tratándose de actos de Gobierno, en los cuales se supone, según
algunos autores, que existe una mayor discrecionalidad del órgano
ejecutivo, ¿estarían excluidos —pregunta— de esa insistencia que quedaría
consagrada en la Constitución?
El señor ORTUZAR (Presidente) piensa que no es ésa la intención del
profesor Guzmán Dinator. El cree que tanto los actos de administración
como los actos de Gobierno que son ilegales y que se expresan por
intermedio de un decreto deben ser representados por la Contraloría. Lo
que ha señalado el señor Guzmán Dinator es que esta facultad de insistir del
Presidente de la República, sea que se trate de un tipo de acto o de otro, se
limite en términos que sólo pueda ejercerse cuando razones superiores de
orden público lo aconsejen.
La señora BULNES expresa que le surge una duda bastante seria en
esta materia. ¿Cuál es esa distinción? ¿Es posible realizarla? ¿O el acto de
administración siempre lleva implícita una función de Gobierno y el acto de
administración puro no existe en la realidad política? Porque hoy día la
mayoría de los administrativistas niegan esta clasificación y dicen que todo
acto de administración es, en parte, político y de Gobierno, y, en parte, de
administración, y que toda división en esta materia es artificial. Pone por
ejemplo todas las funciones que ejerce el Presidente de la República en