Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

plena. Entonces, resulta de prudencia dejar consignado a nivel
constitucional un precepto que permita, en ausencia de un sistema
contencioso-administrativo satisfactorio, la intervención de la Corte
Suprema.
Desconocía la disposición que indicó el profesor Martín, que se
agrega como inciso nuevo al artículo 80 de la Carta Fundamental, idea que
comparte, porque eso da rango constitucional al principio de la
inexcusabilidad.
En caso de que se establezca que toda pretensión y toda acción
tendrán siempre un tribunal que la resuelva, se solucionan en gran medida
los problemas, para que no ocurra lo que ha sucedido en Chile en algunas
ocasiones: si no hay tribunal, no hay fallo y no tiene lugar una intervención
posible de la Corte Suprema.
El señor SCHIESSLER (Profesor de Derecho Administrativo) estima
que hay que hacer ciertos distingos. Se excusa anticipadamente si cae en
algún error, porque, como es natural, la consulta tan limitada que se hace
implica ciertos presupuestos que desconoce sobre las opiniones que haya
podido tener la Comisión respecto de las materias que se proyectan en este
posible agregado a lo que sería equivalente al inciso primero del artículo 86
de la actual Constitución de 1925.
Doctrinariamente, no hay uniformidad de criterios para apreciar qué
es la jurisdicción, de manera que, aún dentro del tecnicismo que ello
implica, es perfectamente viable que, aunque haya acuerdo en cierta parte
esencial, existan ciertos aspectos en que tal criterio uniforme puede no
producirse en esta Comisión. Por lo tanto, a lo mejor alguno está pensando
en la palabra “jurisdicción” con un alcance y otro lo está entendiendo con
otro un tanto diferente, y todos están de acuerdo en una frase, en el
continente, pero no en el contenido.
En seguida, debe hacerse un distingo en cuanto a los tribunales
administrativos. Cree que quedan comprendidos suficientemente en las
palabras “todos los tribunales de la nación”, particularmente si se hace una
excepción tan especial como la que señaló recién el señor Presidente de la
Corte Suprema respecto de los tribunales militares en tiempo de guerra
externa. No le merece duda alguna de que los tribunales de lo contenciosoadministrativo,
sea que se establezcan en una ley general sobre la materia,
sea que se consagren en leyes especiales y con una competencia bastante
limitada para ciertas clases de materias, quedarán siempre comprendidos
en la frase “todos los tribunales de la nación”.
Sin embargo, el problema mayor es el que se plantea al decir que
esta superintendencia directiva, correccional y económica se extendería a
los organismos administrativos que ejercen jurisdicción. En principio, no le
parece conveniente esto de reconocer constitucionalmente que los
organismos administrativos ejercen jurisdicción. Y tampoco hay
uniformidad de criterios, doctrinariamente, para apreciar si ejercen o no
jurisdicción en una serie de casos. Aunque hay situaciones que,