Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor ORTUZAR (Presidente) puntualiza que la Mesa ha sostenido
exactamente la misma opinión que ha expresado el señor Celis y que
sustentó también aquí el señor Enrique Evans. Es muy difícil —por no decir
imposible— que el texto constitucional precise —todavía en forma taxativa—
cuáles serán las entidades del Estado que quedarán sometidas a la
fiscalización de la Contraloría. Refiriéndose, por de pronto, a todo el sector
centralizado, tal vez lo más adecuado es que exprese algo similar a lo que
dice el actual artículo 21: “y de los demás servicios…“—u “organismos”—
“...que determinen las leyes”. Ahora, el factor o el antecedente a que ha
aludido la señora Bulnes, es muy digno de tomarse en consideración, pero
por el legislador. Este, según sea la política que impere o prevalezca en el
país en lo político y en lo social, verá si amplía o no amplía en ese momento
este control. Pero no le parece que se lo pueda dejar determinado en la
Constitución. En ese evento, tendría que limitarse en exceso la fiscalización
de la Contraloría y tal vez referirla única y exclusivamente al sector
centralizado. No se podría hacer distingos y entrar a decir que algunas
instituciones semifiscales sí y otras no. Y, si se incluyera a todo el sector
descentralizado, es evidente que se estaría procediendo en una forma inconveniente,
porque dentro de él hay organismos, como, por ejemplo, el
Banco Central, que probablemente requieran de una fiscalización que no sea
tan rígida, que en todo caso no sea siempre preventiva —ni anterior ni
ulterior, como dice el señor Guzmán Dinator, sino quizá ulterior— o que sólo
en ciertos aspectos sea preventiva. De modo que le ha parecido que el único
criterio posible es éste: el de que el precepto constitucional sea muy breve,
someta al sector centralizado, sin excepciones, a la fiscalización de la
Contraloría y, en lo demás, deje encomendado a la ley el alcance de esta
fiscalización.
El señor LORCA destaca que se ha propuesto también en la Comisión,
entiende que por el señor Bertelsen, la posibilidad de establecer en el texto
constitucional ciertas bases generales de la Administración Pública, no sólo
en el sentido de señalar lo relativo al Presidente de la República, a los
Ministros de Estado, etcétera, sino en cuanto a definir u orientar lo que ella
será en esencia. Naturalmente, eso daría base para precisar los conceptos
acerca del control de la Administración. Porque aquí aparece una cosa muy
curiosa: se habla del control de la Administración Pública y resulta que no se
define ni se establece qué es lo que se entiende por Administración Pública
en sus diversos aspectos. O sea, ésta es una cosa un poco falsa.
Así que, en el fondo, se está haciendo un poco de “imagen” sobre el
asunto, Por eso pregunta al señor Celis —después se lo preguntará al
profesor Guzmán Dinator— si él estaría de acuerdo en que, en alguna
medida, se completara la Constitución con estas ideas generales sobre lo
que es la Administración Pública y sobre su estructura. Lo plantea a pesar
de que comparte la opinión del señor Celis de que la Carta debe ser lo más
breve posible. En realidad, esto se ha discutido intensa y extensamente en
la Comisión; pero, por los hechos y por las consecuencias de los hechos, ha
quedado demostrado que, en general, se ha elaborado una Constitución
más bien desarrollada que una Constitución sintetizada. La verdad de las
cosas es que toda la labor que aquí se ha realizado ha sido la de una