Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor ORTUZAR (Presidente) añade que bien podría quedar
contemplado sujeto a la posibilidad de que el Consejo de Estado subsista en
la nueva Constitución.
Entonces, pone en discusión en primer término —porque atañe
directamente a esta preceptiva— la indicación formulada por el señor Bertelsen
en el sentido de establecer una disposición que prohibía terminantemente
que puedan crearse tribunales populares.
Quiere señalar que, aparentemente, podría ser fácil la solución.
Porque bastaría con decir: “Los jueces deberán ser abogados. La ley determinará
las calidades que respectivamente deben tener, como asimismo
los años que deban haber ejercido la profesión las personas que fueren,
nombradas Ministros de Corte o Jueces Letrados”. Pero llama la atención
hacia el peligro que pudiera implicar esta redacción, en cuanto a que
pudiera entenderse que todos aquellos que ejerzan alguna función judicial
deban ser abogados; lo que particularmente tendría consecuencias en el
caso de algunos tribunales especiales.
Previa esta advertencia, ofrece la palabra sobre la indicación del
señor Bertelsen.
Porque —repite— si dijeran —y aquí se dirige directamente, para
facilitar el debate, al señor Presidente de la Corte Suprema— “Los jueces
deberán ser abogados. La ley determinará las demás calidades que
respectivamente deban tener, como asimismo el número de años que
deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren
nombradas ministros de corte o jueces letrados”, ¿podría el día de mañana
darse una interpretación tal a este precepto que implicara que toda persona
que ejerza una función judicial, aunque no sea un juez propiamente tal,
tendrá necesariamente que ser abogado? Porque, si no fuera así, ésta
podría ser tal vez la manera de resolver el problema planteado por el señor
Bertelsen.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) agrega que
el peligro que ve el señor Bertelsen quedaría muy mitigado si se diera una
redacción muy amplia al artículo 86. Porque, con esa redacción amplia, un
tribunal cualquiera, sea cual fuere su naturaleza —aunque sea popular—, el
día de mañana tiene que estar bajo la superintendencia directiva,
correccional y económica de la Corte Suprema.
Considera útil la declaración que propone el señor Presidente. Pero
también estima muy necesario un estudio detallado del inciso primero del
artículo 86, porque ahí está la clave de todo. Porque si la Corte Suprema,
por disposición constitucional, tiene la superintendencia directiva,
correccional y económica de todos los tribunales de la nación, y se agregara
la frase “de cualquier naturaleza que sea”, en ese caso, si el día de mañana
se crean por ley tribunales populares, queda la posibilidad de que la Corte
Suprema revise por la vía de la queja cualquier resolución de ellos. No
podría haber tribunal popular de única instancia, sino que siempre habría