Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

administrativo.
El señor CARMONA anota que en la Comisión también se hizo
presente en su oportunidad que este control a posteriori que se extiende al
sistema contencioso de anulación, especialmente en los decretos y
resoluciones del Poder Ejecutivo, prácticamente terminaría con el
mecanismo de la insistencia, porque bastaría que la Contraloría inmediatamente
después conociera por esta vía la anulación del decreto correspondiente,
para que el derecho de insistir del Ejecutivo quedara, en el
hecho, no sólo desfigurado, sino que prácticamente anulado.
El señor FLISFISCH (Presidente del Consejo de Defensa del Estado)
estima acertada esa inquietud, porque además lo está diciendo el inciso
segundo del artículo 5°, al señalar expresamente que “el mecanismo de la
insistencia sólo procederá tratándose de decretos o resoluciones
representados por causales de ilegalidad”.
A propósito del decreto de insistencia, quiere señalar que no tiene las
aprensiones que aquí se han hecho presentes. Estima indispensable el
decreto de insistencia en una buena marcha administrativa, porque, éste de
acuerdo con la legislación, opera cuando la Contraloría, al “tomar razón”,
representa un decreto. Es decir, cuando existe una discrepancia de criterio
en cuanto a un problema jurídico. El Ejecutivo considera que está actuando
dentro del derecho. En cambio, la Contraloría estima que lo está
infringiendo. Y frente a este conflicto jurídico, se ha entregado al Ejecutivo
la posibilidad de insistir, y por una razón muy simple: porque los artículos
60 y 71 de la Constitución encargan al Presidente de la República la
administración del Estado. Por sobre la cuestión jurídica que se está
generando, está el problema mucho más importante que es la
administración del Estado.
Pero quiere agregar algo más: de acuerdo con el mecanismo
constitucional, el sistema del decreto de insistencia está organizado de tal
manera que se toman ciertas medidas de resguardo para que no se traduzca
en un abuso. O sea, de ese decreto de insistencia que lleva la firma
del Presidente de la República y de todos los Ministros de Estado, se deriva
una serie de responsabilidades. Y hay que entender que en un régimen
normal de Estado de Derecho existe un Parlamento que también cumple
funciones fiscalizadoras y que precisamente debiera actuar en caso de
dictarse decretos de insistencia o cuando el Ejecutivo haga mal uso o un
abuso del derecho de dictar decretos de insistencia.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que quisiera justificar un
poco la aprensión que ha existido en algunos miembros de la Comisión
respecto de este punto. Por lo demás, el Presidente del Consejo de Defensa
del Estado lo ha dicho: el rol del Ejecutivo es administrar el Estado. Por lo
tanto, es razonable que este decreto de insistencia tenga la finalidad de
administrar, en cuanto diga relación a tal función. Pero en el mismo instante
en que por la vía del decreto de insistencia se pretenda no administrar y no
legislar o modificar la Constitución, o incluso fallar el día de mañana una
causa pendiente en los tribunales de justicia, es evidente que no puede