Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

otro el Congreso Nacional dentro de la Constitución de 1925, y dentro del
estado actual de cosas el Presidente de la República integra el Poder
Legislativo como miembro de la Junta de Gobierno. De manera que hablar
como instancias separadas del Presidente de la República y del Poder
Legislativo le parece técnicamente impropio, tanto en el actual estado de
cosas en el país, como en el régimen constitucional que rigió desde 1925,
porque el Presidente de la República era parte del Poder Legislativo.
Considera que es distinto el caso de hablar del Congreso, pues éste es un
órgano enteramente separado y diferente del Presidente de la República.
De modo que le sigue gustando más lo aprobado ayer, en el sentido de que
ninguna otra autoridad puede ejercer funciones judiciales, avocarse causas
pendientes o hacer revivir procesos fenecidos, porque a lo que apunta esa
disposición es a que toda autoridad que pretenda ejercer funciones
judiciales tiene que haber sido erigida en tribunal por la ley, y esto cree que
vale para los tribunales especiales en forma incuestionable.
El señor ORTUZAR (Presidente) considera importante advertir, desde
luego, que de hecho se está reconsiderando la disposición del artículo 80, lo
que ha ocurrido muchas veces en esta Comisión —lo advierte a los nuevos
integrantes; el Presidente de la Corte Suprema ya lo sabe— y es útil que
suceda, porque errar es humano.
Cree que se ha hecho bien en modificar la disposición que se había
aprobado ayer, que expresaba: “La facultad de conocer las causas civiles y
criminales” —se refiere únicamente a eso, dentro del capítulo relativo al
Poder Judicial— “sentenciarlas, etcétera, pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por la ley”; después decía: “Ninguna otra autoridad
puede, en caso alguno, ejercer funciones judiciales”. Anota que aquí ya no
se está refiriendo a las funciones civiles y criminales, sino que a funciones
judiciales en general, de manera que se prohibía que otra autoridad pudiera
ejercer funciones judiciales, y, por lo tanto, con ello se derogaban todos los
tribunales especiales. De modo que él cree —el Presidente de la Corte
Suprema compartió plenamente esta opinión cuando se reabrió el debate—
que es fundamental emplear una terminología distinta, sea la que se aprobó
en cuanto a que ni el Presidente de la República ni el Parlamento pueden,
en caso alguno, ejercer funciones judiciales, u otra, si ésa no se estima
adecuada, pero lo que no se puede decir es lo que se había dicho.
El señor LORCA piensa que la dificultad planteada por el señor
Guzmán podría solucionarse diciendo que “ninguno de los otros poderes del
Estado”, ya que se están refiriendo a la preceptiva referente al Poder
Judicial, y se está diciendo, además, que la ley tendrá que establecer los
tribunales, conforme a lo dicho por el señor Presidente. Por eso, es evidente
—en ello concuerda con el señor Guzmán— que la nomenclatura dada de
que “ni el Presidente de la República ni el Poder Legislativo” está
evidentemente mal, pues uno es el órgano y el otro la función; se están
refiriendo a los Poderes del Estado: primero, al Poder Judicial y éste es el
capitulo de dicho poder; luego, tienen que excluir a los otros dos Poderes
del Estado para que no intervengan en la gestión del Poder Judicial, y se les
excluye para los efectos de ejercer funciones judiciales, avocarse causas