Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Acota que hay aquí referencias —y también el señor Evans lo
mencionaba— a lo que ha sido tan debatido, más que en el Derecho
Constitucional, en el Derecho Administrativo, referente a lo contenciosoadministrativo.
Agrega que, para él, resulta francamente casi ininteligible lo
que en el proyecto se trata de expresar, y pareciera que habría que tener
otros antecedentes para ver cuál es el error que, como bien indicaba el
señor Evans, puede ser prácticamente darle a la Contraloría atribuciones
casi de la Corte Suprema en materia contencioso-administrativo.
Repite que gran aspiración, como él bien señalaba, de todos los
hombres de derecho, es la de establecer una jurisdicción contenciosoadministrativa,
lo que, incuestionablemente, ha sido uno de los temas que
se han debatido en diversas épocas. Le parece que hoy día se da una gran
oportunidad —y esta Comisión puede cooperar muchísimo en ese sentido—
para concretar esta aspiración, que ya viene del Constituyente de 1925;
puede ser que el artículo 87 ya no sirva de modelo, pero lo que sí está
vigente, si se quiere dar protección jurídica al ciudadano, es la necesidad
cierta de que éste, frente a cualquier exceso de la Administración, pueda
recurrir a tribunales que, sean administrativos o sean ordinarios, tengan, sí,
competencia jurisdiccional completa; este es un gran paso que podría darse
en esta generación de institucionalidad, pues no puede haber Estado de
Derecho, efectivamente, si no existe esta posibilidad de recursos de carácter
contencioso-administrativo. Anota que en el Acta Constitucional N° 3, la
Comisión dio un paso que ha sido considerado unánimemente como un
aporte extraordinario para nuestra seguridad jurídica, que es el recurso de
protección; por otra parte, la nueva redacción del recurso de amparo,
contenida en el artículo 3° de la misma Acta Constitucional, también cuenta
con unánime aprobación, porque se mejoró notablemente el texto, en
relación con el que estaba en la Constitución Política. Pero le parece que
esta tarea del estatuto de protección del ciudadano debe completarse con
una adecuada consideración de recursos de carácter contencioso-administrativo,
y hace notar que la disposición que señala este proyecto es, sí,
de todo equívoca y, francamente, le deja con la misma inquietud que al
señor Evans, cual es pensar que la Contraloría podría convertirse en
superior jerárquico en esta materia; no es que él tenga desconfianza o
resentimiento con respecto a la Contraloría, pero estima que ello es
inadecuado.
Expresa que en el proyecto se menciona también la situación de los
decretos de insistencia, y, efectivamente, se habla de que procederán sólo
por la causal de ilegalidad, y, como bien decía el profesor Evans, no
procederían en el caso de inconstitucionalidad, ¿Podría ser que la
Contraloría piensa que, aparte el control preventivo de legalidad, ejercerá,
otro tipo de controles, que en doctrina se llaman “de oportunidad”? Estima
que tampoco la redacción de este precepto es feliz, y en este punto tiene las
mismas reservas que su antecesor en el uso de la palabra. Cree,
modestamente, que, sin duda, no es oportuno constitucionalizar esta
institución del decreto de insistencia, porque las circunstancias
institucionales que vive el país podrían dar pábulo a pensar que el
mecanismo de insistencia torna semántico el control preventivo, pues
existiría siempre la posibilidad —está hablando del presente— de insistencia