Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

destituirlo del cargo que ocupa como funcionario administrativo. Por
ejemplo, si se tratara de un funcionario que está integrando el Tribunal de
Comercio, el ejercicio de la atribución disciplinaria por parte de la Corte
Suprema podría significar la suspensión del ejercicio de esa función
jurisdiccional en ese tribunal, y ese funcionario, para esos efectos, tendría
que ser sustituido por otro.
Por eso, en principio, como comprende que la solución contraria sería
excluir esta superintendencia, o limitarla nada más que a la correccional,
está por mantener la atribución, en el entendido de que siempre va a ser
ejercida con la mesura con que lo ha hecho la Corte Suprema hasta ahora.
La señora BULNES, en principio, concuerda con lo que ha dicho el
señor Presidente de la Comisión, más aún porque no hay que olvidar que se
trata de principios constitucionales.
Todos están de acuerdo en que, en materia de técnica constitucional,
la Carta debe contener los principios fundamentales; y la regulación de los
mismos debe quedar entregada a la ley.
Como principio constitucional, el artículo está perfecto. Ahora, los
peligros podrían después salvarse en las respectivas leyes orgánicas o en
las leyes que vengan a organizar lo contencioso-administrativo.
Se ponía, como ejemplo, el caso del funcionario sobre el cual la Corte
Suprema, en un momento dado, puede hacer efectiva una responsabilidad
de acuerdo con este artículo, y se sostenía que eso podría conducir a un
conflicto de poderes o a que el funcionario continuara ejerciendo su labor
sin mayor problema, a pesar de la sanción que se le impuso. Este problema
podría salvarse en la ley orgánica respectiva o en la ley de los tribunales
administrativos, porque es evidente que puede existir una disposición que
diga que al funcionario al cual se le ha hecho efectiva una responsabilidad
posteriormente también se le harán efectivos otros mecanismos de
responsabilidad por la vía administrativa.
En este momento, con la historia administrativa del país, modificar
este artículo, o pretender perfeccionarlo, llevaría a mayores problemas.
El señor SCHIESSLER (Profesor de Derecho Administrativo de la
Universidad de Chile de Valparaíso) concuerda con lo que ha manifestado la
señora Bulnes, particularmente porque el actual artículo 86, inciso primero,
de la Constitución de 1925 dice que la Corte Suprema tiene la
superintendencia directiva, correccional y económica: de todos los
tribunales de la nación, con arreglo a la ley que determine su organización
y atribuciones. De manera que en esa ley que determine su “organización y
atribuciones” se podrá adecuar, en lo pertinente, el ejercicio de estas
atribuciones de la Excelentísima Corte Suprema.
El señor ORTUZAR (Presidente) observa que esa última frase a que el
señor Schiessler ha hecho referencia y la redacción del actual texto
constitucional merecieron críticas y. dudas a la Comisión, en cuanto dice: