Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

entendido de que la Comisión estima que la ley no puede autorizar
exenciones adicionales a ésta que se establece en la Constitución, y de que
por eso ha constitucionalizado el artículo 324 del Código Orgánico. Agrega
que la señora Baines anotó, con razón, que si el Código Orgánico —vale
decir, el legislador— se sintió habilitado para establecer una exención, sin
que la Carta Fundamental lo facultara para ello, el hecho de que ellos den
jerarquía constitucional a ese precepto no impide que el día de mañana el
legislador pueda sentirse nuevamente facultado para extender la exención
más allá de lo que la Constitución establece, siguiendo el criterio seguido
por el Código Orgánico de Tribunales vigente.
De manera que deben dejar constancia en actas de ese criterio: que
el legislador no puede extender la exención establecida en la Constitución,
porque es de resorte exclusivo del constituyente.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que no cabe ninguna duda
de la necesidad de dejar esa constancia; pero quiere señalar que si antes se
sintió autorizado el Código Orgánico fue porque existía una disposición que
decía que “la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta
responsabilidad”. Y la Comisión incluso ha suprimido esa disposición. De
manera que no cabe duda alguna de que el legislador no puede extender
esas exenciones de responsabilidad el día de mañana; pero, a mayor
abundamiento, se deja constancia de lo sugerido.
El señor CARMONA señala que lo que no concibe es por qué se está
hablando en este momento de la revisión de las causas de la Corte
Suprema por este procedimiento. En la práctica, no ve que se pueda
producir. A él le asaltan dudas en este momento, porque, ¿de qué manera
se podría perseguir esto?
La señora ROMO contesta que por la prevaricación, porque podrían
acusar al tribunal en pleno de haber dictado una determinada sentencia, o
por no haber aplicado una ley.
El señor CARMONA acota que por la prevaricación y por la falta de
observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento,
la denegación y la torcida administración de justicia. ¿De qué manera se va
a establecer esa responsabilidad? ¿Una causa criminal contra un Ministro de
la Corte Suprema o contra un conjunto de Ministros de ese Tribunal, a
quienes se considere personalmente responsables de esa situación? ¿Eso
significa la revisión de un fallo de la Corte Suprema?
El señor GUZMAN manifiesta que cree entender adónde apunta la
inquietud del señor Carmona. A él le parece que no implicaría una revisión
de la causa en el sentido de que se entrara a rever el proceso con la
finalidad de dictar un nuevo fallo. Obviamente, no es ése el sentido del
precepto. Pero, lo que sí ocurriría es que habría que seguir un proceso para
determinar si estos Ministros de la Corte Suprema incurrieron —sea
aquellos que integraron la Sala correspondiente, o todos, cuando se trate
del tribunal pleno— o no en torcida administración de justicia o en falta de