Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Sólo les faltó, prácticamente, para poner término al estudio de todo
este capítulo relativo al Poder Judicial —estaban analizando las
disposiciones con el criterio de considerar el anteproyecto de Constitución
definitivo—, lo referente al artículo 87, es decir, a todo el problema
contencioso-administrativo y a los tribunales administrativos.
El señor GUZMAN señala que desea formular una breve observación.
Respecto del penúltimo de los artículos del anteproyecto que están
considerando, manifestó reservas en cuanto a la excepción de no aplicar el
fuero judicial al procesamiento por acto ejecutado en ejercicio de sus
funciones, y pidió que esta materia también se consultara a los profesores
de Derecho Procesal. La razón que se dio fue la existencia del mecanismo
de la querella de capítulos. En verdad, tal mecanismo está referido a un
tipo de juicio que, desde luego, está en desuso y que él no sabe si quedaría
mejor cubierto dejándolo comprendido o, mejor dicho, superado por el
fuero judicial que han establecido. Le parece claro que el fuero judicial no
puede entrabar el ejercicio de las facultades disciplinarias de los Tribunales
Superiores de Justicia respecto de los magistrados. En esa parte no tiene
ninguna objeción; pero acerca de lo primero, manifestó reservas.
En cuanto a la autonomía económica del Poder Judicial y del informe
que les ha hecho llegar el señor Ministro de Hacienda, hay tres aspectos
que desea destacar. Por una parte, la negativa de ese Secretario de Estado
a que se parcele el Presupuesto Nacional en porcentajes fijos por
determinadas actividades o reparticiones, en lo cual ya todos concordaron
en la Comisión, y el propio señor Presidente de la Corte Suprema se
desistió de su iniciativa.
El segundo aspecto dice relación a la observación del señor Ministro
de Hacienda en el sentido de que no se modifique la disposición
constitucional que exige que sólo en virtud de una ley se puede establecer
anualmente el cálculo de gastos y entradas de la nación, crear nuevos
servicios públicos o empleos rentados, fijar o modificar las remuneraciones
y demás beneficios pecuniarios del personal de los servicios de la
Administración del Estado. Cree que en este aspecto todos están de
acuerdo.
Pero hay un tercer punto sobre el cual consultó expresamente el
señor Ministro de Hacienda cuando vino a la Comisión: ¿Se opondría él a
que se consagrara la facultad o la libertad de la Corte Suprema para
administrar con autonomía los fondos que le asigne anualmente el
Presupuesto Nacional, sin perjuicio de las limitaciones que quedarían
cubiertas en el artículo 44 respecto de lo que sólo en virtud de una ley se
puede hacer? En el resto de las materias y de los rubros a que necesita ser
aplicado el presupuesto del Poder Judicial, ¿puede la Corte Suprema actuar
con plena libertad? El señor Presidente recuerda que el señor Ministro
contestó que no veía inconveniente alguno en la materia. Esto viene
corroborado dentro del informe por una referencia de orden general en el
sentido de que el actual Gobierno está dando la mayor flexibilidad posible