Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

llevarlos por un sendero “inmediatista”, limitado solamente a la oportunidad
contingente del momento. En suma, ello puede privar a la institucionalidad
provisional, que se ha dado en denominar actas constitucionales, de muchos
avances y de gran parte de su riqueza, que, en cambio, podría y puede
tener en la medida en que fluya como la adaptación de lo que hoy día
advierten como lo que debiera ser la institucionalidad definitiva, realizada en
las circunstancias que el país vive. No les costó tanto hacer lo mismo en
otras materias, aún cuando significó introducir fuertes cambios en algunos
puntos respecto de lo que pensaban que debe ser una normativa
constitucional definitiva. De manera que insiste en ese procedimiento,
porque le concede gran valor intelectual y político al hecho de abocarse
primero a su tarea, a no perder de vista que esa es la misión básica que se
les ha encomendado y que la labor de redactar actas constitucionales,
siendo perfectamente congruente con esa misión fundamental y debiendo
ser simultánea con ella en el tiempo, está jerárquicamente subordinada a
aquélla.
El señor ORTUZAR (Presidente) concuerda con el señor Guzmán. Sin
embargo, cree que, en este caso, ello no tiene tanta trascendencia. Si se
parte de la base que, en su oportunidad, necesariamente tendrá que existir
un acta constitucional relativa a la Cámara Legislativa; una referente a los
tribunales contencioso-administrativos, los cuales, por cierto, poseerán la
facultad de conocer del sistema contencioso de anulación, porque ya hay
consenso en cuanto a que no la tenga la Contraloría; sí tendrá que haber un
tribunal constitucional —para él, éstos son presupuestos inamovibles—,
pregunta cuál será la diferencia entre el acta constitucional relativa a la
Contraloría y la normativa definitiva. Prácticamente, como ya lo señaló, la
diferencia residirá nada más que en una circunstancia: en que, tratándose
de la normativa definitiva, dirán que el Presidente de la República no podrá
insistir en tales y cuales casos, de los que le corresponderá conocer al
Tribunal Constitucional, y en que eso no lo dirán en acta constitucional. No
ve otra diferencia. Por eso no se opone en absoluto al procedimiento
propuesto por el señor Guzmán, porque en definitiva les demostrará que las
diferencias entre las dos preceptivas serán muy escasas, desde el momento
en que parten de la base de que habrá un control político, un control
jurisdiccional y un tribunal constitucional. Entonces, la Contraloría quedará
muy aislada en sus funciones. Si a ello se agrega que la determinación de
gran parte de estas funciones necesariamente la tendrán que dejar
entregada a la ley, la diferencia será todavía mucho menor.
La señora BULNES pregunta si se comenzará por estudiar los criterios
generales.
El señor ORTUZAR (Presidente) responde afirmativamente.
El señor CARMONA cree que habría que discutir los criterios
generales, aunque fuera en forma muy somera, para definirlos.
El señor BERTELSEN manifiesta que como en el primer punto hay
consenso, por el momento, no va a insistir más en la posición que expresó
anteriormente. Está íntimamente convencido de ella. Considera que