Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

importancia de la forma como se han consagrado los derechos y las nuevas
garantías constitucionales, que también se hacía indispensable,
evidentemente, dictar un Acta. En cuanto a la creación del Consejo de
Estado, hay acuerdo en que es otra forma de participación de la civilidad —
tal vez la más importante en este momento— en el proceso chileno.
Por lo tanto, hubo unanimidad en la Comisión para considerar que,
ante la imposibilidad de dictar una Constitución definitiva, era menester ir
proyectando en leyes fundamentales de la República, no sólo esta nueva
concepción doctrinaria que hacía que el Estado chileno no fuera
ideológicamente neutral, como ha dicho muchas veces el señor Guzmán —y
estuviera, por el contrario, comprometido con ciertos principios propios del
humanismo cristiano—, sino además la formación de esta nueva realidad
política, social y económica, a medida que se iba decantando en este
proceso evolutivo. Será una institucionalidad probada y, por lo mismo,
puede que la experiencia aconseje introducir después algunas
modificaciones a muchas de sus normas a fin de que integren la
Constitución definitiva.
Reafirma la convicción de que esto era realmente lo único que se
podía hacer y lo único conveniente para Chile. Hoy ya existe toda una
filosofía medular de lo que es la nueva institucionalidad y esto no habría
podido existir si no hubieran mediado las Actas Constitucionales.
Todo ello sin perjuicio, naturalmente, de que subsista el debate en
cuanto a la conveniencia o no de dictar un Acta Constitucional sobre el
Poder Judicial y de adoptar la decisión de invitar a la señorita Ministro de
Justicia.
El señor GUZMAN se hace cargo de una observación del señor
Carmona que le parece importante.
Cuando se trata de resolver este problema, hay que abocarse a lo
que ya es una realidad de hecho —sin ánimo de calificarla de “irreversible”,
para no incurrir en errores pretéritos— que resulta difícil ignorar. En un
momento dado, se decidió caminar hacia la dictación de Actas, cuerpos
orgánicos de rango constitucional sobre determinadas materias. Eso ofreció
una gran ventaja, sobre todo desde el punto de vista que la señora Bulnes
acotaba recién: en lo referente a la certeza de la norma constitucional,
porque la incertidumbre, hasta la dictación de las Actas Constitucionales,
respecto de qué formaba o no formaba parte del ordenamiento
constitucional chileno era completa.
Existen setecientos ochenta y siete decretos-leyes —ya nadie puede
impedirlo— que en principio pueden tener rango constitucional, sin que
quede otro medio que atender a la materia de que tratan y a su análisis
para averiguar cuál de ellos o de sus preceptos tiene dicho rango, lo que,
desde luego, resulta engorroso. Desde la dictación del decreto-ley N° 788
hacia adelante no hay más exigencia que invocar explícitamente el uso del
Poder Constituyente al comienzo del decreto-ley pertinente. Pero eso no