Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

dejarlo para más adelante.
El señor HUMERES (Contralor General de la República) señala que es
preciso tomar muy en cuenta que muchas veces, por el interés del Servicio,
se pierde la noción de lo que tiene rango constitucional o de lo que tiene
rango legal, amén de que, incluso para la flexibilidad y agilidad de la
Contraloría, conviene que ciertas normas no estén ni en la Constitución ni
en la ley y que queden como una facultad discrecional del jefe del Servicio.
Sobre los tribunales administrativos, dice que la historia es muy
antigua. En la Constitución del 25 esos tribunales constituyen una declaración
programática, una vieja aspiración del constituyente que hasta el
día de hoy no se ha concretado. Proyectos ha habido muchísimos. Tal vez
uno de los más serios fue el que se intentó bajo el Gobierno del señor Jorge
Alessandri, cuando se nombró una comisión de alta categoría y de la cual
formaba parte el propio señor Enrique Ortúzar, quien la presidía. Recuerda
que la integraban personas de la calidad de don Fernando Alessandri, don
Enrique Silva, don Patricio Aylwin, y otros. En fin, los profesores de
Derecho Administrativo de aquella época. En cada Gobierno se han
elaborado uno o dos proyectos de tribunales administrativos que hasta el
día de hoy no se han concretado. La Contraloría ha mirado con mucho
interés estas inquietudes; ha participado en casi todas las comisiones, ya
sea a través del propio Contralor o de un delegado, y también ha visto con
cierta decepción que esto no ha prosperado.
Hoy día hay un nuevo proyecto que mira con mucho entusiasmo.
¡Ojalá algún día haya tribunales administrativos!
Ahora, ha sucedido en la práctica, y en gran parte de la gama de
problemas que se presentan, que la Contraloría ha estado desempeñando
las funciones de lo que será algún día un tribunal contenciosoadministrativo.
Claro que esto no satisface totalmente, pues muchos
podrían decir que la Contraloría es juez y parte al mismo tiempo; porque si
toma razón, por ejemplo, de decretos o resoluciones, o se pronuncia
respecto de un sumario o de una medida disciplinaria, ¿cómo va a ser ella
misma la que esté reviendo esa materia?
Se ha creado una abundantísima jurisprudencia de la Contraloría
sobre esta materia. ¿Cuáles serían las salidas para el problema? Si se crea
un tribunal contencioso-administrativo, indudablemente que habrá que ser
muy cauto para determinar su campo de acción el de la Contraloría y
también el de los tribunales de justicia, porque también en el aspecto
indemnizatorio éstos han tenido una participación —y activa— en la
materia. Si no se llegasen a crear estos tribunales contenciosoadministrativos
como organismos especializados, con existencia propia, una
solución podría ser que la Contraloría, por ejemplo, ejerciera la potestad
anulatoria frente a un reclamo, o incluso actuando de oficio, si se da cuenta
de que hay una disposición o resolución de tipo secreto que no debe usarse
o que adolece de algún error; o frente al reclamo del particular que se
siente afectado, y que el Poder Judicial tomara la función indemnizatoria,
como en el hecho lo ha estado haciendo.