Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

con una simple proposición de sanción, que puede o no ser aceptada o
rechazada. En definitiva, entonces, no obstante saber a veces la autoridad
que está en la obligación jurídica de invalidar, que está compelida por la
norma jurídica a ejercer su propia potestad revocatoria, no la ejerce. ¿Y
cómo se constriñe a la autoridad? La constreñía. en la época en que existía
el Congreso Nacional y el juicio político, por la vía de la acusación
constitucional, siempre que se tratara de una autoridad que estuviera
sometida al juicio político y se la pudiera acusar por violación de las leyes,
violación de la Constitución e, incluso, de notable abandono de sus
deberes.
Actualmente, se ha discutido mucho si esa potestad radica o no en la
Junta de Gobierno. Pero como hay algunas posiciones en el sentido de que
estaría vacante esta atribución —personalmente sostiene una tesis distinta,
pero acepta la posición de quienes creen que tal atribución está vacante—,
no existiría en este instante una fuerza imperativa, un imperio, como dice
el Contralor, para constreñir a la autoridad a ejercer la potestad revocatoria
que es propia de la autoridad administrativa.
El señor ORTUZAR (Presidente) destaca que la situación cambia
fundamentalmente si se crean los tribunales contencioso-administrativos,
porque ahí habrá que entrar a resolver si va a ser de su competencia el
conocer de la anulación de los actos administrativos ilegítimos o, como lo
sugiere el Contralor en una primera aproximación, podría ser esa instancia
propia de la Contraloría.
A la señora BULNES, después oír la interesante exposición del señor
Contralor, le asalta la duda de que se pueda tratar lo relativo a la
Contraloría en forma independiente.
Cree que el estudio de lo referente a la Contraloría General de la
República debe hacerse en forma simultánea con lo contenciosoadministrativo.
Y sería interesante que el señor Contralor conociera el
proyecto que tiene la Comisión al respecto. Del mismo modo, si se va a
invitar a profesores o a otras autoridades a exponer sobre la materia,
tendría también que enviárseles el proyecto.
Estima que debería tratarse no sólo la Contraloría junto con lo
contencioso-administrativo, sino también incluirse el recurso de protección,
porque todo esto configura un sólo conjunto.
El señor ORTUZAR (Presidente), con respecto a la primera observación
de la señora Bulnes, hace presente que, en realidad, hace bastante
tiempo, tan pronto como se tuvo el anteproyecto de los tribunales
contencioso-administrativos, se le envió al señor Contralor para que lo
conociera. En seguida, y sin perjuicio de lo que opine la Comisión, cree que
es evidente que habrá que resolver en conjunto el problema de la
competencia de la Contraloría y de los tribunales contenciosoadministrativos
en aquello en que confluyen y. se encuentran, lo cual no
implica que haya que estudiar todo el proyecto que crea los tribunales
contencioso-administrativos, sino en este aspecto.