Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

tener lugar tal decreto. Por eso están de acuerdo con la sugerencia hecha
por el señor Guerrero —y ése había sido el pensamiento de por lo menos
uno de los miembros de la Comisión— en el sentido de que, en caso de
discrepancias de esta naturaleza, tendría que haber un organismo
jurisdiccional —que podría ser un tribunal constitucional con una
conformación particular— el llamado a resolver esta discrepancia, pues, si
bien es cierto que un Parlamento puede sancionar, no hay que olvidar que
la fiscalización que ejerce es de tipo político, y aquí se trata, por su
naturaleza, de divergencias de carácter jurídico. Por ejemplo, no parece
razonable que en el futuro el Presidente de la República, por la vía del
decreto de insistencia, pueda modificar los términos de una reforma
constitucional dictando un decreto promulgatorio que se aparte de los
términos en que se aprobó, lo que tuvo lugar en el régimen anterior. De ahí
deriva, entonces, esta preocupación y, por eso, les ha parecido razonable
establecer un límite para los decretos de insistencia.
El señor DIEZ apunta que en eso están prácticamente todos de
acuerdo.
El señor FLISFISCH (Presidente del Consejo de Defensa del Estado)
manifiesta que comparte plenamente las opiniones que se han señalado.
Agrega que, para terminar —ha traído escritas algunas conclusiones
muy simples—, cree conveniente, en primer lugar, ampliar las atribuciones
de que goza actualmente la Contraloría General de la República. Considera
que el ejercicio de las mismas constituye una labor bastante pesada y de
gran importancia y que, debidamente desempeñadas y en forma integral,
comprenden un campo de acción de por si bastante difícil de atender.
Prescinde en esto de las personas. Piensa que las atribuciones actuales, bien
ejercidas —repite—, son de una amplitud tal, que, a su juicio, es suficiente
para estos efectos.
En segundo término, el rol fundamental del organismo contralor debe
ser la fiscalización, tanto de la percepción de los ingresos como del gasto
público, y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto
Administrativo. Piensa también que debe mantenerse la facultad que
actualmente le corresponde de pronunciarse sobre la constitucionalidad y la
legalidad de los decretos supremos o las resoluciones de los jefes de
servicio que deben tramitarse por su intermedio,
Haciéndose eco de lo que aquí se ha discutido, agrega, ya que se ha
hablado mucho del papel de la Contraloría como fiscalizadora respecto de
las empresas del Estado, debe decir que es un punto bastante delicado,
porque precisamente éstas se crearon para no estar sujetas en su actividad
a las trabas o las dificultades a que están sometidos los distintos servicios
de la Administración. Por eso se les dio el carácter de empresas del Estado
y, generalmente, revisten la misma forma de las sociedades y los
organismos que actúan dentro del Derecho Privado. En consecuencia, si se
desea establecer la fiscalización de la Contraloría sobre estas entidades, ella
tiene que ser muy limitada y muy precisa, para evitar que esa labor entrabe
su actividad. De otra manera, puede ocurrir que las empresas no cumplan