Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

aunque sea en el carácter de idea general, la función fiscalizadora que a
juicio de la Comisión deba tener —en caso de que se estime que deba
tenerla—, y en qué grado, la futura Cámara Legislativa Única o una
eventual Cámara Baja o Cámara de Diputados, si prevaleciera en definitiva
el sistema bicameral.
Le parece que todo esto se halla íntimamente entrelazado, pues, en
el fondo, se está entrando en el tema de la fiscalización o del control, y
cree que ese tema tiene que ser abordado en conjunto, ante la posible
existencia de un panorama que incluso pueda comprender —no sabe si
existe proposición de algún miembro de la Comisión en ese sentido— la
creación de otros órganos o de otras formas de fiscalización hasta ahora no
previstas, y que no estén contenidas dentro de lo que sea la Contraloría
General de la República, ni dentro de un posible tribunal constitucional, ni
dentro de una Cámara Legislativa Única o de una Cámara de Diputados,
sino que sean otras instancias de fiscalización que alguien quiera proponer
y que, en definitiva, la Comisión estime del caso acoger.
Hace notar que, todo esto, a su juicio, aconseja debatir el tema
previamente con un carácter general referido a cómo estructurar en Chile
un sistema de fiscalización, para abocarse ya, posteriormente al “aterrizaje”
de ese criterio general, a la Contraloría General de la República.
El señor CARMONA expresa que quiere plantear también en términos
muy generales este asunto, para lo cual empieza por preguntar si las
disposiciones que se van a estudiar sobre la Contraloría serán consignadas
en un Acta Constitucional o formarán parte del proyecto relacionado con la
nueva Constitución Política, porque, si las normas sobre el órgano contralor
van a ser las del Acta Constitucional en todo lo que se llama el período de
transición de que ha hablado el Presidente de la República, le parece
totalmente inadecuada la redacción propuesta por la Contraloría General de
la República. Considera, además, que debe decidirse sobre todas las
materias que ha señalado el señor Guzmán si se trata de la nueva
Constitución; en primer lugar, cuál será el órgano legislativo y si va a ser
bicameral o unicameral; cuáles serán las facultades de fiscalización que
puedan existir, etcétera.
Cree que otra materia que le parece importante dilucidar es si la
tendencia del Poder Contralor va a ser, como hasta el presente, más
propiamente a asumir a veces caracteres preventivos —lo que impide en
muchas ocasiones la movilidad necesaria de la Administración Pública—, o
si tendrá más bien carácter sancionador, para buscar la responsabilidad de
aquellas personas que, habiendo realizado un acto administrativo, se
exceden en sus facultades con posterioridad a la ejecución de éste. Porque
cree que esta es una materia digna de ser decidida, pues, si hay una
autoridad suficientemente fuerte y responsable ante la opinión pública, ella
requerirá, no de facultades discrecionales, sino de ciertas facultades legales
y administrativas muy fuertes para poder cumplir un cometido como el que
desea establecer la Constitución Política del Estado, y si se va a consagrar
un Poder Contralor preventivo muy fuerte, se crearán fricciones de toda
naturaleza. Estima, en tal sentido, que se debe tomar una decisión sobre