Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Ha existido especial preocupación en consagrar los medios y los
recursos para velar por estas garantías constitucionales: se estableció el
recurso de protección en el artículo 2° del Acta Constitucional Nº 3. Pero,
en los términos en que se hizo, parece que ese recurso sólo podría tener
lugar cuando se trate de actos arbitrarios de la autoridad, o sea, de actos
ilegales, mas no cuando los actos se ajusten a la ley y ésta, sin embargo,
sea inconstitucional.
Si se dicta el día de mañana una ley inconstitucional que afecta a las
garantías individuales —por ejemplo: que permite allanar los domicilios,
requisar las propiedades, detener a las personas en lugares distintos a los
que señala la Constitución—, ¿se exigirá que el particular sea afectado para
que pueda iniciar un juicio, a fin de obtener la inaplicabilidad en ese caso
preciso de la disposición inconstitucional, y suponiendo naturalmente que
los tribunales ordinarios de justicia tengan competencia para pronunciarse
en virtud de lo contencioso administrativo, o se buscaría una fórmula,
como sugirió el señor Díez, que permita ampliar el recurso de protección,
de manera que los particulares estén resguardados, respecto de las
garantías constitucionales que preserva, no sólo cuando el acto de
autoridad es ilegal, sino cuando, siendo legal, es contrario a la
Constitución?
El señor DIEZ destaca que aquí hay varios problemas que es necesario
ir clarificando.
Se trata de la discusión del capítulo relativo al Poder Judicial, de
manera que toda protección de la Carta Fundamental, en cuanto a la
tramitación y a la formación de las leyes está fuera de esta rama de los
Poderes Públicos. Después se verá cómo llegar a un sistema mixto, en que
dentro del mismo Poder Legislativo haya quórum, mayorías, comisiones, en
buenas cuentas resortes internos que tiendan a que los casos que en
definitiva lleguen a un tribunal sean los menos. El Tribunal Constitucional
no debe estar llamado a tomar pronunciamientos políticos. Hay que
depurar el problema hasta transformarlo en una cuestión de derecho por
medio del Reglamento del Poder Legislativo o de la ordenación de la
formación de la ley.
Convendría prescindir de este problema, dice, porque se trata ahora
el tema del Poder Judicial y no de la formación de la ley.
En lo relativo al Poder Judicial hay dos cosas: una es el recurso de
inaplicabilidad, respecto del cual hay acuerdo en mantenerlo en su forma
actual, con la suspensión del procedimiento ordenado por la Corte. Se
plantea, más allá de la Constitución del 25, el problema de la inconstitucionalidad
de fondo de leyes que afecten las garantías individuales
o sociales; los derechos amparados por la Constitución. Aquí también hay
que hacer una distinción: no todos los derechos amparados por la
Constitución tienen igual jerarquía práctica, y no todos tienen igual
importancia o urgencia. De manera que existen algunos en que
lógicamente se puede o se debe llegar al recurso de inaplicabilidad ante la