Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Estado, que indica cuál es la función de la Contraloría en lo que respecta a
los gastos autorizados por ley, en el sentido de que la Tesorería no puede
hacer pago alguno si no hay una ley que ordene el gasto y si el decreto no
está visado por el organismo contralor. Se manifestaba, a continuación, la
importancia de repetir el texto de la ley Nº 10.336, que consagra a la
Contraloría como un organismo independiente, constitucionalmente
autónomo, que tiene por misión velar por que los actos del Ejecutivo se
ajusten a la Constitución y a la ley; que los gastos tengan un respaldo
legal; llevar la contabilidad de la nación; producir un balance anual, y
juzgar las cuentas de los funcionarios públicos o de particulares que reciban
fondos del erario.
En ese oficio también se hacía presente la necesidad de reforzar el
imperio de la Contraloría General de la República, no sólo en cuanto a que
sus dictámenes tienen que ser obedecidos por las autoridades que forman
la Administración Pública, sino que también respecto de su facultad
sancionatoria o disciplinaria. Y se llamaba la atención hacia la necesidad de
legislar en cuanto a ciertos puntos que habían sido objeto de críticas en el
régimen anterior, bastante duras, para la Contraloría, como ser la facultad
que ella ejerció para velar por la protección de los valores jurídicos
esenciales, y dilucidar cuál era la competencia de la Contraloría en materia
de decretos que ordenaran promulgar textos de ley de reforma
constitucional, como asimismo cuál sería el campo de la insistencia del
Ejecutivo.
Ese fue, en resumen, el contenido del oficio de noviembre de 1973.
Es indudable que lo que se podía pretender en ese instante hoy día
ha cambiado mucho. Han pasado tres años y medio desde aquella fecha; se
ha legislado en abundancia en este último tiempo; la Contraloría misma ha
sido objeto de varias reformas, y el Ejecutivo le ha entregado diversas
facultades. Cita por vía ejemplar, el decreto ley Nº 38, de 1973, que se
alcanzó a mencionar en ese oficio, por el cual se facultó a la Contraloría
para fiscalizar a cualquier organismo, institución, sociedad o empresa en
que el Estado tuviera aportes, por lo menos igualitarios, de capital, de
representación o de miembros de consejos.
Eso fue el año 1973. En 1975 se dictó el decreto ley Nº 1.141, que
reforzó esa atribución porque facilitó al Presidente de la República para
que, de propia iniciativa, sea por oficio, decreto o petición verbal, solicite la
intervención de la Contraloría incluso en aquellos organismos en los que
normalmente no tiene facultades para fiscalizar. Posteriormente, en
noviembre de 1975, se dictó el decreto ley Nº 1.263, por el que se dan a la
Contraloría facultades mucho mayores que las que tenía respecto del
ordenamiento de los ingresos y de los gastos públicos, con el objeto de
incrementar sistemas de contabilidad y producir un balance ya no sólo del
sector central, sino también del sector descentralizado, con miras a llegar
en lo futuro a un balance de tipo nacional, en que se abarque tanto al
sector público como también al privado, a través de un sistema de cuentas
nacionales en que el reflejo del sector privado lo presentaría ODEPLAN.
Después se dictó el decreto ley número 1.489 —la Ley Orgánica de