Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

términos, podrá aplicar directamente las medidas disciplinarias que
deriven de un sumario o investigación administrativos instruidos por la
Contraloría General de la República”,
Todo eso lo suprimiría porque no es materia constitucional. Podrá
ello ser materia de ley. En cambio, agregaría una parte de las disposiciones
que consignaba en su primitivo proyecto, en lo que se refiere
al control de la legalidad y de la constitucionalidad. Y ahí sí que sería más
preciso, y concuerda con el señor Bertelsen en que en esta materia el
nuevo proyecto es un poco deficiente. El agregaría lo que sigue:
“Corresponderá, asimismo, a la Contraloría General pronunciarse
sobre la legalidad y constitucionalidad de los decretos supremos y
resoluciones de los Jefes de Servicios. El Presidente de la República, con
la firma de todos los Ministros de Estado, en los casos en que la
Contraloría General hubiere representado la ilegalidad de un decreto
supremo o resolución de un Jefe de Servicio, podrá insistir en su tramitación,
con el exclusivo fin de poner término a la diferente interpretación
jurídica de las normas legales aplicables. En consecuencia, no procederá
la insistencia tratándose de decretos promulgatorios de leyes o de
reformas constitucionales, ni de decretos o resoluciones que, en general,
infrinjan directamente la Constitución Política”.
“La Contraloría General no dará curso a los decretos que excedan el
límite señalado en el Nº 10 del artículo 72 de la Constitución, los que
tampoco podrán ser insistidos”.
Es decir, recalca, le parece absolutamente indispensable que en la
Carta Fundamental quede perfectamente establecido cuáles son los casos
en que el Presidente de la República no podrá hacer uso del mecanismo
de la insistencia, y que son los que ha señalado: los decretos
promulgatorios de leyes o de reformas constitucionales, o los decretos o
resoluciones que infrinjan la Constitución Política, Porque si en esos casos
se le permitiera el mecanismo de la insistencia, le estarían permitiendo
prácticamente legislar por la vía del decreto supremo, e incluso, modificar
la Constitución Política del Estado.
Enseguida, suprimiría totalmente el artículo 5°, que dice:
“Sin perjuicio de lo anterior, el control jurídico comprenderá el
preventivo y el a posteriori.
“El mecanismo de la insistencia sólo procederá tratándose de
decretos o resoluciones representados por causal de ilegalidad.
“El control a posteriori se extenderá, además, al que configure el
sistema contencioso de anulación”.
Aquí coincide también con las observaciones hechas valer por los
señores Bertelsen y Lorca, y en parte con las del señor Carmona, por