Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

pasada, le iba a preguntar cuál era el alcance del fuero que él había
insinuado en esa oportunidad como necesario establecer para los
magistrados, porque le parecía que bajo la expresión “fuero” más bien se
ha entendido, en general, buscando una analogía con el caso de los
parlamentarios, precisamente la exigencia de que no puedan ser sometidos
a proceso sin que previamente exista el procedimiento de desafuero
correspondiente que establecía la Constitución para ese caso. Pero
comparte plenamente la idea de hacer extensivo este mecanismo, esta
institución del fuero, para el caso de los magistrados, en forma sustancialmente
análoga a la consignada por la Carta Fundamental en lo
relativo a los parlamentarios. Sin embargo, cree que hay una segunda
dimensión del problema que es enteramente distinta, y que conviene
separar de la que acaba de señalar, y que es aquélla que se refiere a la
exclusión que se haga de los magistrados en orden a que ellos no puedan
ser afectados por la privación de libertad por parte del Presidente de la
República en uso de las facultades propias del Estado de Sitio, como en
realidad existía también para los parlamentarios.
Considera indispensable esta disposición, y, tal vez, la estima más
necesaria que la anterior, pero cree que debe estar separada, y piensa que
el lugar más adecuado para ella sería precisamente aquel que consagre las
facultades del Presidente de la República dentro de los regímenes de
emergencia, y que como una excepción a ellas se señale que no podrá ser
ejercida respecto de los magistrados. Tiene sus reservas sobre si en este
aspecto —es decir, específicamente respecto del problema del uso de las
facultades inherentes al Estado de Sitio y otros regímenes de emergencia
por parte del Presidente de la República— deba ser tan amplia en cuanto a
las personas a quienes comprenda. Le parece que para la primera
institución, del procedimiento de desafuero para procesar, la disposición
está concebida en términos perfectamente aceptables en cuanto a su
amplitud. Estima que, para los efectos de la aplicación del Estado de Sitio,
tal vez pueda ser un poco extenso el número de personas a quienes
alcanzaría este privilegio. Pero se trata de una simple duda; no tiene
opinión formada al respecto. En todo caso, sugiere separar los dos
preceptos, porque, desde luego, siempre lo han estado —en lo tocante a los
parlamentarios, por lo menos, respecto de quienes existía en la
Constitución—, y por tratarse de dos instituciones de naturaleza
enteramente distinta.
El señor ORTUZAR (Presidente) cree que, efectivamente, en el
momento oportuno deberá consignarse esta disposición en el lugar
correspondiente; vale decir, en la preceptiva que establezca las atribuciones
del Presidente de la República, pero mientras tanto piensa que no
habría inconveniente para que, por lo menos, aceptaran el principio del
fuero judicial, a fin de poder tenerlo suficientemente presente como para
darle más tarde la ubicación correspondiente.
El señor LORCA expresa que, por su parte, concuerda plenamente
con la proposición del señor Presidente de la Corte Suprema, que es de
toda justicia, de manera que considera que esta institución del fuero, que