Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

profesional. Le parece que en esa forma se obviarían todos los inconvenientes
que se han planteado, y no quedarían, como lo señaló al comienzo,
con una suerte de complejo, que cree que podría tener consecuencias
inversas muy delicadas, de decir: lo único que queda de legítimo
es el Poder Judicial porque es lo único que pertenece a la Constitución
legítima, que es la de 1925; todo el resto es de una legitimidad dudosa
porque proviene de la Junta de Gobierno y del 11 de septiembre. Los
efectos políticos de semejante camino le parece que son obviamente
inconvenientes y no quiere abundar en mayores consideraciones porque
estima que fluyen por sí solas.
El señor BERTELSEN manifiesta que al igual que lo hiciera presente
en el día de ayer al intervenir en esta materia, reconoce que los
argumentos esgrimidos por el señor Presidente de la Corte Suprema y por
otros miembros de la Comisión de estudio de la nueva Constitución de la
República, y hoy día por la señorita Ministro de Justicia, son valederos. Sin
embargo, cree que hay argumentos de más peso que le inclinan hacia la
conveniencia de un Acta Constitucional que, entre otras materias, se refiere
también al Poder Judicial.
En primer término, había interpretado el artículo 29 transitorio, del
Acta Constitucional N° 2, como relativa a todos los Poderes del Estado,
incluso el Poder Judicial, el cual, si bien es cierto no ha sido tocado, salvo
en un pequeño aspecto como fue al que se refirió el decreto ley 170, tiene
alguna modificación que lo haría susceptible, entonces, de una
sistematización en actas constitucionales.
Entonces él interpretaba que había un deber que cumplir. Porque,
respecto de las obligaciones que se contraen solemnemente en los textos
constitucionales, más aún cuando se les fija plazo, cree que el efecto que
hace su no cumplimiento, y que lleva a la necesidad de modificar, a veces,
el texto constitucional para alargar un plazo, como hubo que hacer con
algunas de las disposiciones transitorias del Acta Constitucional N° 3, no es
bueno; es decir, arroja una especie de descrédito sobre el texto
constitucional.
Pero ésta no es, señala, la razón de más peso que tiene para inclinarse
a su posición. Cree que, efectivamente, podría ser susceptible de
una interpretación más restringida el artículo 2°, transitorio, del Acta N° 2°,
y decirse que sólo afecta a los poderes políticos propiamente, como son el
Legislativo y el Ejecutivo.
Mayor importancia le da a lo que llamaría un argumento de seguridad
jurídica. Considera que todo ordenamiento jurídico debe contener una
definición clara sobre qué tipo de textos va a tener. En el derecho
constitucional las alternativas son dos: una, la Constitución texto único, lo
cual viene a ser una especie de código político, código de las leyes
fundamentales, elaboración que al presente, en Chile no es posible efectuar
porque la Constitución, como todo código que es, exige una estabilidad del
material que se va a sistematizar y a fundir en un texto orgánico y breve. El