Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Agrega que, a pedido del Presidente de la Corte Suprema y por
estimarlo absolutamente justificado, la Comisión estatuyó un precepto
similar al del artículo 33 de la Constitución Política, relativo al fuero
parlamentario, el cual dispone que: “Ningún juez de letras o del trabajo,
fiscal o miembro de los tribunales superiores de justicia, ni ministro de una
Corte del Trabajo, desde el día de su designación y mientras no cese en el
cargo, puede ser procesado o privado de libertad, salvo el caso de delito
flagrante, sin que previamente la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción
hubiere ocurrido el hecho, en el caso de los jueces, o la Corte Suprema, en
los demás, declare, en tribunal pleno, que ha lugar la formación de causa”.
“En caso de ser arrestada por delito flagrante, alguna de las personas
a que se refiere este artículo, será puesta inmediatamente a disposición de
la Corte de Apelaciones respectiva o de la Corte Suprema, en su caso, con
la información sumaria correspondiente, y el tribunal procederá conforme a
lo dispuesto en el inciso anterior”.
Finalmente, se dispuso que: “De las resoluciones de las Cortes de
Apelaciones, se puede apelar para ante la Corte Suprema”.
Sin embargo, en relación con este último precepto, la Comisión
consideró del caso pedir la opinión de algunos profesores de Derecho
Procesal. Ellos son: don José Bernales, don Víctor García y don Miguel
Schweitzer, para ver qué opinión les merecía este precepto y muy
particularmente la disposición que establece solamente el recurso de
apelación y no el de casación, como parece que fue la intención de los
constituyentes del 25 de establecerlo en el caso del fuero parlamentario,
pero que, sin embargo, la Corte Suprema no lo entendió así.
Este artículo dio lugar a un largo debate en el cual participó en forma
muy activa el señor Guzmán, pues enmendó incluso la redacción primitiva
propuesta por el señor Presidente de la Corte Suprema, que mereció
diversas observaciones. En definitiva, el artículo fue aprobado en los
términos en que aparece en el texto que ha dado a conocer.
Se establece sí, una excepción en el artículo siguiente: “Lo dispuesto
en el artículo anterior no se aplicará al procesamiento por actos ejecutados
en el ejercicio de sus funciones ni con respecto a las facultades
disciplinarias de los tribunales superiores de justicia”.
Es obvio que en estos dos casos no se requiera del procedimiento
previo del desafuero.
Finalmente, en el artículo siguiente, se señalan los efectos cuando la
Corte ha lugar al desafuero, y se dispone que: “Desde el momento en que
se declare por resolución firme haber lugar a la formación de causa, el
funcionario judicial afectado quedará suspendido de su cargo y sujeto al
tribunal competente”.