Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

pública, sin importar el nivel de la misma. Si sus instrucciones no son
atendidas, podría instruir sumarios o investigaciones administrativas y
aplicar directamente las sanciones, que podrían llegar a la suspensión o
destitución del afectado. No otra cosa significa eso de que podrá recabar de
las autoridades “el cumplimiento integro y cabal” de la finalidad —entre
otras cosas—, todo ello “bajo apercibimiento de derecho”, y que podrá
aplicar directamente las medidas disciplinarias, “en los mismos términos”,
esto es, a “cualquiera autoridad pública”.
“Al margen de lo anterior, debe señalarse la conveniencia de que todo
proceso sancionatorio contemple una doble instancia, lo que no sucede con
la norma que se analiza, que deja todo en manos del Contralor y sin ulterior
recurso. Si bien en otras épocas sucedió en esta materia lo mismo que con
los decretos de insistencia, y en repetidas ocasiones los sumarios instruidos
por la Contraloría ante graves irregularidades administrativas, fueron
desconocidos por algunos Jefes de Servicio, que ampararon así esas
irregularidades, no puede llegarse al otro extremo sin contemplar algún
recurso o revisión de lo que la Contraloría resuelva, sea por los Tribunales
Ordinarios, o por los Tribunales Administrativos que se creen, o por algún
otro medio que se pueda establecer. Esta facultad tan amplia que se
entrega a la Contraloría se convierte, así, en algo inconveniente no sólo
para la Administración Activa por las razones antes señaladas, sino que
también resulta desaconsejable desde el punto de vista del funcionario, que
queda a merced de la Contraloría sin tener a quien acudir.
“A mayor abundamiento se estima que esta materia puede quedar
reservada a la ley.
“8. — El análisis conjunto de todo el articulado del proyecto, lleva a la
conclusión que el control administrativo que se le desea entregar a la
Contraloría, al incorporar al mismo un concepto finalista, se convierte en
cierto modo en un control de mérito u oportunidad, y entre con ello en un
campo propio de la Administración Activa. Esta especie de control no sólo es
deseable sino necesario, pero debe efectuarse jerárquicamente dentro de la
propia Administración, y no por, organismos ajenos a ella.
“9. — La referencia al contencioso de anulación incorporada al
proyecto no sólo es criticable, sino que en los términos en que está
concebida resulta casi incomprensible. En efecto, la mera referencia a un
contencioso de anulación, como parte del control a posteriori que ejercería
la Contraloría, no permite saber qué se pretende: si organizar todo un
sistema contencioso-administrativo “dentro” de la Contraloría, convirtiendo
a este Organismo en un verdadero Tribunal, o si se desea que cuando tales
Tribunales se creen queden bajo el alero y tuición de la Contraloría y no del
Poder Judicial, En efecto, expresa que “el control a posteriori se extenderá,
además, al que configure el sistema contencioso de anulación”. Y agrega:
“Llámase sistema contencioso de anulación al Conjunto de órganos y
procedimientos que intervienen en un conflicto jurídico surgido a raíz de una
acción de nulidad o reforma interpuesta en contra de un acto
administrativo”. Es decir, tanto los órganos, como los procedimientos,
quedan bajo el control de la Contraloría. Como no se señala qué órganos