Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

texto constitucional y en éste no apareciera dicha atribución —por lo demás,
el propósito de la Comisión es que tampoco se otorgue por la vía
legislativa—, no ve inconveniente alguno en comunicar al Ejecutivo que el
problema puede suscitarse el día de mañana.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
expresa que a su modo de ver, hay que ser bastante sutil para llegar al
control de mérito basado en la interpretación del decreto ley 1.263.
Agrega que otro punto importante es el del recurso de lo contenciosoadministrativo
de anulación.
En lo contencioso-administrativo, los principales recursos son el de
plena jurisdicción, que algunos llaman “subjetivo”, y el de anulación,
denominado también “objetivo”. El primero de ellos tiene por objeto
específico un derecho violado. En este caso, el tribunal tiene competencia
para anular y modificar el acto, y, naturalmente, para acordar la
indemnización al particular cuyo derecho ha sido violado por la acción,
resolución u omisión administrativa.
Añade que el recurso de anulación u objetivo, que persigue, por
decirlo así, un interés público de tipo genérico, trata de obtener la anulación
del acto mediante la discusión de su legalidad. Una vez demostrada la
ilegalidad del acto, éste se anula y pierde su valor jurídico.
A su juicio, el recurso de plena jurisdicción corresponde a los tribunales
administrativos, y no a la Contraloría. El artículo 87 de la
Constitución habla de “Tribunales Administrativos”, y le parece que su
redacción induce a pensar que se trata de una jurisdicción muy amplia.
De manera que el campo de competencia de esos tribunales es, a su
modo de ver, amplísimo, dado que se trata de recursos que pueden
entablarse contra “actos o disposiciones arbitrarias”, simplemente ese
precepto no determina con exactitud qué tipo de ilegalidad o arbitrariedad
está implícito en el acto, sino que emplea una denominación que, en su
concepto, no puede ser más amplia. Y se refiere a las resoluciones de las
autoridades políticas o administrativas.
Precisa que, algunos de esos tribunales ya han sido creados. Es decir,
el legislador ha hecho uso de la parte de la disposición que expresa, “y cuyo
conocimiento no esté entregado a otros Tribunales por la Constitución o las
leyes”. Y hay una serie de tribunales administrativos que resuelven las
materias que la ley les ha entregado.
En consecuencia, si parten de la base de que el recurso de lo
contencioso-administrativo de anulación debería ser de la competencia de
los tribunales administrativos, le cuesta un poco encajar esta idea con la
facultad que se propone en el sentido de que la Contraloría resuelva estos
asuntos. Cree que si se entregara el recurso de lo contenciosoadministrativo
de anulación a la Contraloría, que es un órgano fiscalizador,
se la transformaría, además, en tribunal, lo que es ya un grave