Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que constituya la organización fundamental del Estado, Esa es una
Constitución desarrollada, que fija los elementos esenciales de toda la
organización estatal. Y como la Administración Pública es evidentemente un
elemento muy importante de la gestión del Estado, sus bases deben estar
contempladas en la Carta Fundamental.
Entiende que se ha hecho algo sobre la materia. Le parece que se
remitió a esta Comisión o a una Subcomisión dependiente de ésta un
proyecto elaborado por una Comisión —no recuerda si de ODEPLAN o de
CONARA— el que fue objeto de varias objeciones por parte del organismo
que estudia la reforma de la Carta Fundamental.
Allí había una serie de normas que fijaban las relaciones de
dependencia de los distintos servicios públicos respecto del Presidente de la
República, de los Ministros de Estado y de la intervención que éste podría
tener en los diferentes organismos, de tipo estatal, en gran parte para
evitar la proliferación de las intervenciones del Estado en la creación de las
entidades más extraordinarias, como sería su participación, por ejemplo, en
una fábrica de galletas u otros casos análogos.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que sobre dicha materia
existe acuerdo en la Comisión; no obstante se está esperando un oficio que
CONARA quedó de enviar sobre el particular para adoptar una decisión
definitiva.
Agrega que respecto de la Contraloría, después de haber escuchado
las distintas opiniones que se han expresado, es partidario de, en primer
término, una disposición breve, escueta, que omitiría todas aquellas normas
que carecieran de rango constitucional. En segundo lugar, seguiría un poco
el criterio del artículo 21 de la actual Constitución Política del Estado, en el
sentido de señalar, en términos generales las funciones de la Contraloría,
refiriéndolas específicamente a la fiscalización del ingreso y de la inversión
de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos o
servicios que determinen las leyes; el juzgamiento de las cuentas de las
personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; a llevar la
contabilidad general de la nación, etcétera. No entraría por ahora a precisar
en el texto constitucional, porque sería absolutamente imposible, los
organismos y entidades sometidos a la fiscalización de la Contraloría
General de la República, ni siquiera en términos generales, como podría ser
hablar de “Administración Centralizada”, “Administración Descentralizada”,
“Empresas Públicas”, etcétera. Haría una preceptiva constitucional flexible,
que deje entregada al legislador la determinación definitiva, de acuerdo con
las circunstancias históricas, políticas, sociales y económicas, y con el
cambio y devenir que puedan sufrir tales circunstancias, de los organismos
que en el futuro fiscalizará la Contraloría.
Enseguida, estima que deberían tener jerarquía constitucional la
designación del Contralor y su inamovilidad y, asimismo, incorporaría en el
texto constitucional la facultad de la Contraloría para representar los
decretos por ilegalidad e inconstitucionalidad, con la salvedad de que,
cuando lo sean por inconstitucionalidad, no podrán ser insistidos por el