Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

señor Eyzaguirre o en la que estime conveniente, o que este trabajo sirva
para la Constitución definitiva.
Concluye diciendo que ésa es su opinión personal, y trasmite también
la expresión del señor Presidente de la República al respecto.
El señor GUZMAN manifiesta que a la luz de las explicaciones dadas
en la sesión pasada y sobre todo las expresadas ahora por el señor
Presidente de la Corte Suprema, en primer término, ,y por la señorita
Ministro de Justicia, queda claro que han estado en un debate
relativamente equívoco, porque, a lo menos por su parte, no entendió
nunca que lo que se estuviese discutiendo era si se dictaba de inmediato y
a la brevedad un Acta sobre el Poder Judicial, o si, en realidad, era mejor
diferir la dictación de esa Acta para el momento que se estimase adecuado.
Entendió que la discusión estaba centrada sobre si debía o no, en algún
caso, dictarse un Acta sobre el Poder Judicial, o ésta no debía tener lugar
en ningún caso.
En este sentido, se desarrolló un debate que fue abordando distintos
aspectos del problema que, a su juicio, sería conveniente que la señorita
Ministro los conociera muy brevemente.
Cree que cuando el Gobierno tomó la resolución el día 11 de
septiembre, y en los inmediatamente posteriores, de 1973, de mantener
una normativa constitucional, adoptó un camino en él campo jurídico que
puede ser discutible en cuanto a si era o no el mejor, pero que en definitiva
marcó ya un rumbo; es decir, la Junta de Gobierno no escogió el camino de
derogar la Constitución de 1925 y de regirse simplemente por normas de
rango puramente legal, sino que admitió la existencia de un ordenamiento
constitucional. Esta realidad exigió posteriormente, como todos recuerdan,
la dictación del decreto ley 788 para dar solución a una situación de
incertidumbre que había respecto de la naturaleza o rango de los 787
primeros decretos leyes; en seguida, aconsejó también la dictación de
Actas Constitucionales. Todos recuerdan como se invocaron, en favor de la
dictación de Actas Constitucionales, diversos argumentos que
fundamentalmente eran los que siguen. Otorgar, por una parte, una certeza
a la norma constitucional, indispensable desde el momento en que el país
reconoce tener un ordenamiento constitucional superior al puramente legal;
en segundo lugar, conferir a las normas de rango constitucional una cierta
organicidad, no sólo material, sino también conceptual; y, en tercer término,
dar a esas normas una mayor estabilidad que la que tienen o que la que
se les atribuye a los preceptos de los decretos leyes, Por eso, se exigió que
la reforma a cualquier precepto de un Acta Constitucional deba ser expresa
e incorporarse a su texto.
Estas razones cobraron valor especialmente teniendo presente la
naturaleza gradual y evolutiva que debía tener la labor de la Comisión y, en
definitiva, la creación de la nueva institucionalidad.
Es efectivo que el señor Presidente de la República señaló en su