Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Hay una cosa que normalmente no es muy notoria: el control tiene
sus costos. Mientras mayor seguridad se desea tener en el control, mayores
son los costos en que se va incurriendo. A veces éstos no son muy
evidentes. Se notan a través de la “rigidización” en la toma de decisiones, a
través de la postergación de éstas. En el ámbito financiero sobre todo, una
decisión “regular”, adoptada a tiempo, es mucho mejor que una decisión
“óptima”, adoptada a destiempo, atrasada, sea porque se meditó durante
mucho tiempo o porque se tuvo que hacer previamente una serie de
controles, o de tomas de razón, etcétera. Así que, en general, creen que
deben tomarse medidas para evitar que las atribuciones de la Contraloría
puedan llegar a superponerse al Poder Ejecutivo, que es el verdadero
responsable de la administración del Estado.
Sobre el control jurídico, les parece que éste debe limitarse a lo que
se denomina la administración centralizada, alcanzando sólo a algunos
organismos administrativos. Han tenido dudas respecto de las empresas
públicas; pero, en todo caso, estiman que el control de la Contraloría sobre
ellas debiera ser a posteriori y tener el carácter de una auditoría, la que
sería adicional a la que en general llevan las empresas y que son auditorías
externas a éstas para que los Directorios se sientan satisfechos de que se
está procediendo en buena forma y se están llevando a cabo los beneficios
que ellos señalan.
Siempre dentro del control jurídico, es importante que éste se limite
en el sentido de que las atribuciones que tiene la Contraloría para
interpretar la ley no interfieran las de otros organismos que deben
aplicarlas, como, por ejemplo, el Banco Central, las Superintendencias,
Impuestos Internos, Aduanas. Por ejemplo, en la actualidad Impuestos
Internos interpreta la ley tributaria; pero, en Aduanas, es la Contraloría la
que interpreta la ley aduanera, lo cual les parece inconveniente, ya que
debiera ser el Superintendente de Aduanas quien lo haga.
En síntesis, consideran que el control jurídico preventivo, o a priori,
debe aplicarse a la administración centralizada; en cambio, el control a
posteriori, revisiones, rendiciones de cuentas, prácticamente se puede
extender a todo el sector público, entendiendo a las empresas dentro de
este sector, aunque, en cuanto a estas últimas, a lo mejor va a ser
redundante y va a involucrar un costo adicional, ya que, como señalaba, las
empresas disponen normalmente de auditorías externas.
Les parece también que el mecanismo del decreto de insistencia debe
ser extensivo a las representaciones que se hagan por concepto de
inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones. El proyecto sólo contempla
la insistencia en caso de ilegalidad.
Hace presente que el control jurídico no debe ampliarse al sistema
contencioso de anulación, que debe encomendarse a los tribunales
administrativos, o a los ordinarios, en caso de no existir los anteriores.
Les merece especial reparo el control administrativo en cuanto la