Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

de más de un siglo, se le dio carácter de organismo constitucional.
Enseguida, hace saber que, expresado muy rápidamente, el actual
ordenamiento constitucional contiene los siguientes preceptos esenciales. En
primer lugar, otorga a la Contraloría el carácter de organismo autónomo, e
independiente, por tanto, de toda otra autoridad o Poder del Estado. En
segundo término, señala sus atribuciones, y ellas —están establecidas en el
artículo 21— son: fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco,
de las municipalidades, etcétera, y de los otros servicios que determinen las
leyes. Hace hincapié en que desea subrayar esta frase, porque parece que
es una buena solución zanjar el problema que les planteaba el señor
Presidente de la Comisión en el sentido de determinar hasta dónde debe
extenderse la acción fiscalizadora de la Contraloría, con este sistema que
empleó el Constituyente de 1943 de incluir en esa acción a las
municipalidades, a la Beneficencia Pública —hoy día se sabe que la
Beneficencia, Sanidad, etcétera, se refundieron en 1952 en lo que es el
Servicio Nacional de Salud—, y a los demás servicios —dice la
Constitución— que señala la ley.
Prosigue señalando que también le corresponde examinar y juzgar las
cuentas de quienes tengan a su cargo bienes de esas entidades, con lo cual
la Contraloría tiene una facultad de tipo jurisdiccional; llevar la contabilidad
general de la nación; y desempeñar las demás funciones que le
encomienden las leyes, y entre “las demás funciones que le encomienden
las leyes” está la que, a su juicio, es la más importante, dentro de una
concepción contemporánea del Estado de Derecho, cual es el control jurídico
o el control de la juridicidad de la potestad reglamentaria, que no está en
otro precepto de la Constitución Política, sino que en la frase: “las demás
funciones que le encomiende la ley”, que emplea el artículo 21. Hace notar
que, curiosamente, durante la discusión de la reforma de 1943, se propuso
de modo concreto que la facultad de control jurídico que tiene la
Contraloría, o de control de la juridicidad de las normas de derecho que
emanan del Poder Ejecutivo, quedaran expresamente establecidas, pero se
estimó que “no era necesario”, y se dejó expresa constancia en las Actas de
que todas aquellas facultades que ya tenía la Contraloría, entre las cuales se
encontraba el control jurídico, se entendían que formaban parte de
atribuciones de tipo constitucional en virtud de esta referencia de la
Constitución a “las demás funciones que le encomiende la ley”. Esta fue una
solución parlamentaria, de la cual hay constancia en las Actas de la reforma
constitucional de 1943, que permite sostener que el control jurídico, si bien
no está expresamente establecido emana de la expresión “las demás
funciones que les encomiende la ley” y del acuerdo, del cual quedó
constancia en las Actas de la reforma de 1943, en el sentido de que no se
establecía expresamente la facultad por entender que todas las que tenía la
Contraloría en ese momento eran de carácter constitucional, en virtud de la
referencia que la Constitución, en 1943, hacía a “las demás funciones que le
encomiende la ley”.
Considera que éste es un precedente que hay que tener a la vista
para poder, más adelante, debatir la conveniencia o no conveniencia de
ampliar el estatuto constitucional de la Contraloría.