Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Hace notar que ha preferido desarrollar su exposición en cinco
acápites. En primer lugar, está un conjunto de antecedentes generales
relativos al establecimiento del organismo contralor en Chile; en segundo
término, está un recuerdo —no puede ser de otra manera, porque se trata
de elementos de juicio conocidos de todos los miembros de la Comisión— de
las bases constitucionales vigentes acerca de la Contraloría General de la
República; el tercer punto se adentra ya un poco en cuál es la naturaleza
jurídica del órgano contralor en Chile, y de ahí —con todos estos elementos
de juicio—, penetrar, como cuarto aspecto, en lo que él llamaría el proyecto
en debate, o sea, este anteproyecto o estas ideas contenidas en la
presentación de la Contraloría General de la República; y expresa que
finalmente, hay un quinto y último punto —por cierto que ya dentro del
ámbito subjetivo y personal—, sobre cuáles serían las ideas que él ha
sustentado a través de sus casi treinta años de cátedra —y tiene hoy día—,
acerca de lo que debe ser un Estatuto Constitucional del Órgano Contralor
en nuestro país.
En consecuencia, se referirá, primero, a los antecedentes generales.
Estima al respecto, que en la vida independiente de Chile, a través de
su historia, pueden señalarse algunos organismos que al principio expresan
de manera muy embrionaria o rudimentaria lo que ha sido la evolución
institucional de la Contraloría General de la República, y recordará algunas
de las instituciones preexistentes, con el objeto de asentar como elemento
de juicio un hecho muy especial para conclusiones posteriores.
Expresa que en Chile, la Contraloría General de la República no fue —
como en otros países hispanoamericanos y latinoamericanos, que
prácticamente han copiado la Ley Orgánica de la Contraloría y han creado
órganos contralores tomados del sistema chileno—, un órgano que brotó
sorpresivamente en la vida institucional del país, sino que fue surgiendo a
través de una evolución muy propia de lo que ha sido la evolución
constitucional, política e institucional chilena, en forma lenta, muchas veces
con tropiezos y, en otras, con reconocidas imperfecciones, hasta llegar a un
órgano que hoy día —por cierto con las naturales deficiencias de toda
creación humana, es sin duda alguna uno de los más perfeccionados dentro
del ámbito y de la concepción de sus funciones que existe en América Latina
y en el mundo occidental.
Explica que ya en el año 1820, el Director Supremo don Bernardo
O’Higgins creó un Tribunal Mayor de Cuentas con amplias facultades en
materia de Hacienda Pública; ocho años más tarde, casi simultáneamente
con la promulgación de la Constitución redactada por don José Joaquín de
Mora, se reemplaza este Tribunal Mayor de Cuentas por tres organismos —
propio, por lo demás, de la mentalidad imperante en el año 1828, muy
alejada en ese aspecto de la realidad chilena—, que eran organismos
difíciles de manejar y no había gente para hacerlo, y se pensó en el
funcionamiento de una Comisión de Rezagos, una inspección de Cuentas y
una Mesa de Residencia; en estos dos últimos organismos recaían las
funciones de la fiscalización y juzgamiento de las cuentas de las oficinas