Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Al término de la sesión, recuerda, el señor Díez sugirió, a fin de que
no mereciera ninguna duda que los tribunales contencioso-administrativos
estaban comprendidos dentro de estas disposiciones relativas al Poder
Judicial, establecer que, “La facultad de conocer las causas civiles y
criminales y las de lo contencioso-administrativo, sentenciarlas y hacer
ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos
por la ley”.
En cuanto a esta norma, que había sido aprobada en principio por la
Comisión debe señalar que contendría un error. Porque, la verdad es que,
tratándose de causas contencioso-administrativas, no corresponde siempre
a los tribunales —ni menos exclusivamente— la ejecución de lo juzgado.
Porque todos saben por ejemplo, que, cuando se trata de una sentencia
que condena al Fisco a pagar una indemnización, no corresponde a los
tribunales ejecutar lo juzgado, sino que es necesaria la dictación de un
decreto que autorice el pago. De manera que sería menester redactar la
disposición en otra forma.
Al respecto, sugiere dejar el inciso primero del artículo 80 tal como.
está y disponer: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales,
sentenciarlas y hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por la ley.
“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden en caso
alguno ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer
revivir procesos fenecidos.
“Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los
actos de instrucción que decreten, podrán los tribunales impartir órdenes
directas a la fuerza pública o ejercer los demás medios de acción
conducentes de que dispusieren”.
Agregaría: “El cumplimiento de las resoluciones que se dicten en las
causas de lo contencioso-administrativo se hará en la forma que determine
la ley”.
Continuaría: “La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite
el mandato judicial” —de manera que también, en cierto modo, se
comprendiera en ese caso a las causas contencioso-administrativas— “y no
podrá calificar su fundamento u oportunidad ni la justicia o legalidad de las
resoluciones que se trata de ejecutar”.
La señora BULNES anota que se dejaría, entonces, la redacción
primitiva: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales”.
Agrega que se podría dejar constancia en Acta de que con esta
redacción se vuelve a la interpretación anterior al año 1925: en el “jus
civile” se comprende lo contencioso-administrativo.
El señor ORTUZAR (Presidente) concuerda con ello. Añade que