Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

cuanto piensa que es sumamente delicado entregar a la Contraloría el
conocimiento del sistema contencioso de anulación. No lo tiene actualmente.
Y a propósito de las condiciones en que se desenvuelve ese organismo,
ha oído decir a más de un gobernante lo difícil que resulta a
veces ejercer la administración. Porque si al cúmulo de atribuciones de
que la Contraloría dispone, se le sumara esta facultad que, por lo demás,
como lo señalaba con razón el señor Bertelsen, significaría permitirle dos
veces entrar a ejercer un control sobre la legalidad o constitucionalidad de
un acto, se caería en algo absolutamente inconveniente.
Y como también lo indicaba el señor Carmona, ello implicaría
prácticamente anular el sistema de insistencias, porque evidentemente
que por la vía de la anulación, en definitiva, el organismo contralor podría
dejar sin efecto el decreto que se hubiere visto obligado a tramitar como
consecuencia del mecanismo de la insistencia.
Por consiguiente, es partidario de que esta facultad de anulación de
los actos administrativos, en definitiva, se entregue a los tribunales
contencioso-administrativos. Y piensa que es posible que la señorita
Ministro de Justicia, con mayores antecedentes, cambie su opinión. Le da
la impresión de que lo que a ella la preocupaba, principalmente, era el
hecho de que por la vía de este recurso pudieran, el día de mañana,
anularse actos de Gobierno. Es evidente que, como lo manifestaba el
señor Bertelsen, en ningún caso esta atribución podría llegar al extremo
de dejar sin efecto los actos de Gobierno. Pero respecto de los actos
administrativos, en ciertos casos, y de acuerdo con el Acta Constitucional
Nº 2, cree que tiene que haber algún órgano jurisdiccional que pueda, en
un momento dado, o dejarlos sin efecto de manera general, o, como en el
recurso de inaplicabilidad, por lo menos decir que no son aplicables en el
caso que conocen.
El artículo 6° le parece bien en cuanto se refiere al ejercicio del
control contable financiero. Dice como sigue:
“En ejercicio del control contable financiero, la Contraloría General
de la República llevará la Contabilidad General de la Nación y fiscalizará el
sistema de administración financiera del Estado”.
El artículo 7° lo redactaría de una manera distinta. Diría: “En el
ejercicio del control administrativo, la Contraloría fiscalizará el correcto
funcionamiento de los servicios sometidos a su fiscalización o a su
control”.
Y echa de menos un artículo que podría ser el artículo 8°, que
dijera: “La ley determinará en lo demás la organización, funcionamiento y
atribuciones de la Contraloría General de la República”. Porque es
evidente que la mayoría de las atribuciones, como su organización y
funcionamiento, van a estar determinadas por la ley. Entonces, en esta
forma, se suprimiría, por cierto, el artículo transitorio, por las razones que
hizo valer el señor Carmona. En principio, naturalmente —y esto puede