Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor GUZMAN estima que el problema que se está tratando hay
que enfocarlo desde el punto de vista a que últimamente ha apuntado el
señor Presidente de la Corte Suprema, en el sentido de que se trata aquí de
procurar evitar que se produzca, como consecuencia de la permanencia de
una persona en el cargo más allá de cierta edad, un decaimiento en la
eficiencia funcionaria y un impedimento a que exista dentro de los
tribunales colegiados una renovación lo suficientemente ágil.
Le parece que no se puede, en cambio, enfocar el problema desde el
punto de vista de la posible perturbación mental o inhabilidad mental que
pueda sufrir un magistrado, porque es evidente que este problema no dice
relación a la edad. La inhabilitación mental, la perturbación de las
facultades intelectuales, se produce en ciertas personas mucho antes de los
70 años, y en otras, mucho más allá de los 70 6 75 años. Y piensa que
habría que considerar un medio para evitar que una persona que esté
mentalmente perturbada en sus facultades continúe ejerciendo sus
funciones, así como la Constitución del año 25 —la Constitución Política
vigente en Chile hasta el 11 de septiembre— preceptuaba la posibilidad de
que el Presidente de la República fuera declarado incapaz para continuar
desempeñando sus funciones, entre otras, por la causal ya señalada.
Considera que éste es un problema que deben abordar separadamente
del que los ocupa, porque tiene una entidad distinta y debe tener
un método de resolución completamente diferente. Además, su ocurrencia
es mucho más excepcional y la resolución debe ser ad hoc, con los informes
médicos correspondientes o con una calificación especial que el tribunal
realice respecto del caso de que se trate.
Por lo tanto, enmarcaría la discusión de este precepto dentro de la
idea de impedir que la prolongación excesiva de la permanencia de los
magistrados en sus cargos traiga consigo un decaimiento en su tarea o
impida una renovación ágil de los mismos —en los tribunales colegiados
especialmente—, en los términos en que el señor Presidente de la Corte
Suprema lo ha expuesto.
Piensa que el problema deriva de algo obviamente conexo, que es la
inamovilidad. El problema no se presenta en los cargos que tienen una
duración prevista en la Constitución o en la ley, trátese de cargos de
designación o de cargos de elección popular. Si hay un período de duración
previsto y fijo para determinado cargo, el problema no se presenta, porque
cabe suponer que la persona que realiza la designación o el pueblo que
practica la elección está perfectamente informado y toma en consideración
la edad que tiene la persona, cuáles son sus cualidades mentales, su
capacidad, su agilidad, y sobre todos estos elementos decide. Y en
definitiva llegará un momento en que su cargo expire; y por último, si no
ha habido una inhabilitación o perturbación mental previa, cesará en sus
funciones.
El problema, por lo tanto, reitera, deriva de la inamovilidad de los
Jueces. Esa es la fuente que crea la necesidad que los está ocupando en