Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

trámite de eficacia, sino que viene a ser precisamente parte del acto mismo,
es decir, el acto no nace mientras no se cumple con la toma de razón, lo
que llevaría a pensar que en este caso —es bastante aventurado lo que va a
decir— el Contralor sería sencillamente una especie de coadministrador;
estaría casi generando el acto, el cual se sabe que en el texto constitucional
aparece como privativo del Presidente de la República, y que, sin embargo,
no nacerá mientras no pase por la toma de razón del organismo contralor,
lo que es fuerte.
Concuerda en que, efectivamente, como anotaba el profesor Evans,
es curioso que este trámite tan importante para el ejercicio de la potestad
reglamentaria no haya tenido consagración, explícitamente, en el texto de
la Constitución, porque la referencia, como bien lo señaló, está en forma
indirecta en el artículo 21, y es otra de las funciones que le asigna la ley,
Considera que, sin embargo, por su trascendencia, por su relevancia para la
actividad de la potestad reglamentaria, parecería indudable que es
necesario darle rango constitucional, y aún más, no sabe si se ha tocado el
punto, pero le parece que ello debería reglamentarse en las disposiciones
correspondientes a dicha potestad, lo que sería más adecuado por su
trascendencia para el ejercicio de esta facultad privativa del Presidente de la
República.
Expresa que quiere ordenar un poco sus planteamientos tomando
como base esta proposición que hace la Contraloría General de la República,
y que el profesor Evans, en forma muy prudente hacía referencia a que era
un tanto insatisfactoria, según entendió. Agrega que él se atrevería a decir
que lo es, pero, sin embargo, tal vez por una debilidad suya, quiere
convertirse también un poco en “abogado defensor de turno” en algunos
aspectos del problema.
Hace presente que, en realidad, les aparece muy ampliado, muy
vigorizado, el rol de la Contraloría General de la República; esa es la
primera impresión que deja la lectura del proyecto, aparte otras, como ya
anotó el profesor Evans, de que se incluyen disposiciones meramente
reglamentarias en lo que se propone como un texto de rango constitucional,
en lo que hay un error técnico y conceptual evidente. En cuanto a esto de
las funciones, a la amplitud de facultades que se otorgarían en este
proyecto, explica que está pensando en cuál es la realidad normativa actual.
Manifiesta que, por cierto, todos están en antecedentes de que la
Junta de Gobierno ha dictado diversos decretos leyes que precisamente han
ido a ampliar y a vigorizar esas atribuciones de la Contraloría, siendo así
como los decretos leyes N os 38, 1141 y 1263 han propendido a dar énfasis
al organismo contralor y en sus considerandos se dice textualmente que se
desea vigorizar, ampliar y extender justamente las facultades de la
Contraloría.
¿Por qué —se pregunta— esa casi debilidad, podría decirse, de la
Honorable Junta de Gobierno por dar tantas facultades a la Contraloría? Al
respecto, recuerda, casi vagamente, los considerandos del decreto ley Nº
38, dictado en octubre de 1973, en los que se expresa que lo que se