Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor DIEZ añade que no va a proponer una redacción. Pero aquí
hay varias materias distintas unas de otras. Una de ellas es lo que la
Comisión entiende por “tribunales populares”: tribunales no profesionalizados,
no especializados, no sujetos a jerarquía, etcétera. Ahí sí que
podría decir la Constitución: “Los tribunales, de cualquier tipo que sean,
deberán ser profesionales, especializados, sujetos a jerarquía”. Así, se
tratara de meter una especie de “tribunal popular”, se tendría que meter
dentro de la jerarquía, de la especialización y de la profesionalidad.
Cualquiera que sea el tribunal que se nombre, el mal siempre es menor si
una persona es de profesión “juez”. El camino de trabajo es una disposición
de carácter general que responda a lo que la Comisión cree que es el Poder
Judicial: especializado, independiente, jerarquizado, etcétera.
La otra es el problema de la facultad jurisdiccional y disciplinaria de
la Corte Suprema. En la forma en que está, ella es débil, porque el artículo
dice que la ejerce “con arreglo a la ley que determina su organización y
atribuciones”. De manera que basta crear un tribunal y decir que no esta
sujeto al artículo 86 de la Constitución Política para que no lo esté.
Agrega que, a su juicio, esta disposición debiera quedar redactada en
forma de que la ley no pudiera eximir a ningún tribunal de la nación de
estar sometido a la facultad directiva, correccional y económica de la Corte
Suprema. Debiera suprimirse la frase “con arreglo a la ley que determine su
organización y atribuciones”, porque el estar sujeto a la Corte Suprema
debe ser de acuerdo con las normas que ésta fije para ejercer a través de
autos acordados o de resoluciones más particulares, como es la de la queja.
Pero no puede hacerlo la ley.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que sobre ese punto, hubo
consenso en la Comisión en el sentido de ampliar la superintendencia de la
Corte Suprema. De manera que, para discutir este precepto, pueden partir
de la base de que, en realidad, si no hay consenso unánime, por lo menos
hay una muy clara mayoría en cuanto a aceptar este principio de extender
la superintendencia directiva y correccional de la Corte Suprema a todos los
tribunales de la nación, cualquiera que sea su naturaleza, salvo, por cierto,
los de carácter constitucional propiamente tal.
Pero, entre tanto, tienen que considerar la indicación que ha formulado
el señor Bertelsen. Cree que tal vez ni siquiera la forma que le ha
querido dar podría impedir, el día de mañana, que el legislador, valiéndose
de resquicios, permitiera que personas no letradas ejercieran funciones
judiciales. Por ejemplo, bastaría que, en un momento dado, le
encomendara a un alcalde el ejercicio de una función judicial, específica,
para que, aún cuando hubieran dicho que “los jueces deben ser abogados”,
se burlara el precepto.
El señor BERTELSEN expresa que, así como suponen que la
imaginación del legislador es desbordante y no reconoce límites, cree que,
en este mismo momento o más adelante, cuando estudien, en el capítulo