Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

posible, porque la autoridad administrativa estaría actuando no en forma
arbitraria, sino dentro de la ley. En consecuencia, sería menester que cada
particular ejerciera un juicio en contra de esa autoridad, ya sea para lograr
que se deje sin efecto el acto suyo en virtud del cual se hubiere requisado
una pieza de una casa-habitación, ya sea para lograr que no se ejerciera
esa facultad con respecto a los demás. Evidentemente, ello no funcionaría.
Lo elemental, lo fundamental, es encontrar un mecanismo, sobre la
base de un tribunal especial integrado por Ministros de la Corte Suprema,
que permita conocer de las inconstitucionalidades que se generen durante
la tramitación de las leyes o de aquellas leyes que no violen intereses
particulares determinados, sino generales, dejando entregada a la Corte
Suprema la posibilidad ya sea de conservar el recurso de inaplicabilidad o
darle efectos generales y, en este caso, permitir que pueda ser el Fiscal de
la Corte Suprema quien requiera la inconstitucionalidad para evitar el uso
abusivo de estos recursos.
Este es, en síntesis, el pensamiento que expuso. Confiesa que no es
definitivo; lo ha planteado únicamente con el ánimo de provocar una
confrontación que haga más fácil la luz en esta interesante materia.
El señor GUZMAN expresa que considera que, en realidad, el
problema que les ocupa en este momento es el de cómo garantizar la
supremacía constitucional. Si se mira el tema en su conjunto, verán que la
supremacía constitucional tiende a impedir que una ley contraria a la Carta
Fundamental surta efectos, ya sea que éstos se refieran .a un particular
determinado o a la comunidad en general.
Ahora bien, hay que establecer algún órgano que vele por la
supremacía constitucional. Si se recoge el artículo 86 de la Constitución, se
verá que, en realidad, está mal situado en el Capítulo relativo al Poder
Judicial un recurso que debiera estar más bien ubicado en el tema de la
formación de las leyes y en el modo de velar por la supremacía
constitucional. Pero, en definitiva, lo importante es que la Carta Fundamental
consagró un mecanismo para declarar inaplicable una ley que la
vulnerara. Sin embargo, ese artículo pareció insuficiente para evitar que
leyes inconstitucionales, que no afectaban fundamentalmente a un
particular determinado, sino al interés nacional, fuesen declaradas por
algún órgano como contrarias a la Constitución y, por lo tanto, sin valor
jurídico. Por eso, en el proyecto de reforma constitucional de 1964 don
Jorge Alessandri propuso ampliar el recurso de inaplicabilidad,
convirtiéndolo en un recurso de inconstitucionalidad, facultando incluso a
cualquier particular para pedir la declaración de inconstitucionalidad de una
ley en cuanto a su forma o a su fondo. En realidad, el recurso de
inaplicabilidad no cubre ni la inconstitucionalidad de forma ni tampoco la
inconstitucionalidad de fondo cuando ella afecta predominantemente al
interés nacional y no da lugar en forma inmediata o apremiante a algún
juicio que entable algún particular que se sienta afectado.
Este problema se solucionó de una manera diferente al término de la