Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

También, prosigue, debe promulgarse conjuntamente con el acta
constitucional que regule las facultades del Presidente de la República y de
la Junta de Gobierno —y que venga a ser una adaptación del decreto ley Nº
527 a un texto legal de esa envergadura—, y con la relativa al Poder
Judicial. A su juicio, la promulgación de todo esto convendría, reitera, que,
en principio, fuera en conjunto.
Es posible, agrega, que en el curso del tiempo se convenzan de lo
contrario o que la Junta de Gobierno prefiere un criterio diferente, pero le
parece que hay que separar por completo dos conceptos: uno, cuándo se
promulgaría todo esto y si se espera que ello sea respecto de una serie de
materias y, en segundo lugar, cómo las estudian y las preparan.
Se permitiría sugerir —en eso cree que está muy cerca de lo que han
expresado la señora Bulnes y el señor Bertelsen— que, inmediatamente
después de la preceptiva sobre la Contraloría, esta Comisión ojalá pudiera
abocarse al estudio del proyecto de ley sobre los tribunales contenciosoadministrativos.
Porque de ese modo irían haciendo un trabajo bastante
relacionado, conjunto y, por otra parte, ese decreto ley sí que podría
promulgarse antes y establecerse pronto una jurisdicción contenciosoadministrativa
en Chile que facilitaría mucho la promulgación de un texto de
acta constitucional sobre la Contraloría General de la República.
La señora BULNES apunta que, después de oír al señor Guzmán, se
convence cada vez más de que lo que hay en la Comisión es un problema
de metodología. Pero, realmente, es algo más de fondo: o van a la
preceptiva del acta, o van a la preceptiva del texto definitivo, o van al
estudio de los criterios. Señala que se pronunció por este último antes que
por el estudio de preceptos.
El señor GUZMAN expresa que no sabe si se dio a entender mal —
probablemente sí, porque no lo mencionó—, pero está de acuerdo con la
señora Bulnes: primero, definir los criterios, enseguida, elaborar la
preceptiva para el anteproyecto de Constitución Política definitiva y,
finalmente, la preceptiva para los proyectos de actas constitucionales. Ese
sería el itinerario que sugiere a la Comisión.
El señor BERTELSEN señala que, como lo manifestara el señor
Guzmán, está de acuerdo con los criterios expuestos en casi todos los
puntos y cree que, en definitiva, no hay discrepancia sustancial en el seno
de la Comisión.
Reitera que al entrar a estudiar una institución relativa a la parte
orgánica de la Carta Fundamental, hay que tener necesariamente una visión
general sobre el resto de los organismos constitucionales. En el caso de la
Contraloría General de la República, ello se refiere prácticamente a todos,
porque tiene que estar relacionada con el órgano legislativo, la Presidencia
de la República, el Tribunal Constitucional, el Fiscal Parlamentario u
“ombudsman” —si se establece—, los tribunales contencioso-administrativos
y quizás también con aspectos de la regionalización que topan