Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

conferir a la Contraloría por este Gobierno.
Y como el Contralor, agrega, dijo aquí que esperaba que la Contraloría
saliera enriquecida y acrecentada de este debate, sería muy
conveniente no tener el pie forzado de la vigencia del decreto ley 1.263,
sobre todo si es tan ambiguo en su interpretación.
El señor DE CASTRO (Ministro de Hacienda) agradece a la Comisión el
haber hecho resaltar este punto, porque considera que sería una atrocidad
que se interpretara de este modo.
El señor ORTUZAR (Presidente) concede el uso de la palabra al
Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
El señor FLISFISCH (Presidente del Consejo de Defensa del Estado)
expresa que quiere comenzar por agradecer la distinción que se le hace al
invitarlo a concurrir a las deliberaciones de un organismo tan importante
como es el que estudia la nueva Constitución. Pero también desea dar una
pequeña explicación antes de iniciar sus observaciones.
Anota que además de Presidente del Consejo de Defensa del Estado,
es profesor de Derecho Administrativo, de tal manera que no le es fácil, al
opinar sobre este proyecto, desligarse de lo que siempre ha enseñado en la
cátedra y de los conocimientos que tiene al respecto.
Para seguir un orden lógico al comentario de la proposición que hace
la Contraloría General de la República, cree que vale la pena precisar, en
primer término, cuáles son las principales funciones que actualmente tiene
ese organismo contralor. Ellas pueden resumirse de la siguiente manera:
Primero, pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los
decretos supremos y de las resoluciones de los jefes de servicio que deben
ser tramitadas por la Contraloría.
Segundo, fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del
Fisco, de las municipalidades, de la beneficencia y de los otros servicios que
determinen las leyes. Verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que
deben rendir las personas y entidades sometidas por ley a su fiscalización y
la inspección de las oficinas correspondientes. Llevar la contabilidad general
de la Nación.
Tercero, vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo, y, como
consecuencia de ello, le corresponde exclusivamente informar sobre derecho
a sueldo, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro,
jubilaciones, montepíos, y, en general, sobre asuntos que se relacionan con
el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los servicios públicos
sometidos a su fiscalización para los efectos de la correcta aplicación de las
leyes y reglamentos que los rigen.
Estas son, en síntesis, las principales atribuciones de que goza la
Contraloría General de la República.