Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

texto más reducido. Pero el hecho de que estas normas hayan sido
promulgadas con rango constitucional podría tener la ventaja de asentarlas
en el ordenamiento jurídico. Y, por otra parte, podría zanjarse el
inconveniente de la costumbre que experimentaría la ciudadanía respecto
de este rango constitucional a través del sistema de crear una instancia
intermedia a la cual acaba de hacer referencia.
Para terminar, cree que tampoco pueden perder de vista un hecho
que es extraordinariamente delicado, por las costumbres que imperan en
nuestro país: Han visto cuántas normas de la Constitución de 1925 —
muchas de ellas muy fundamentales— quedaron como simple aspiración
constitucional a raíz de haber entregado su aplicación a las leyes. Han visto
en la actualidad cómo normas que esta Comisión aprobó en su discusión,
que la Junta promulgó en las Actas Constitucionales con claro sentido y con
una precisa determinación, están sin aplicarse por cuanto se estima que
deben haber leyes complementarias que vengan a darles suficiente
vigencia, como ocurre con la libertad provisional, como ahora sucede
incluso con el problema de la indemnización a las personas que sean
sobreseídas o absueltas después de haber sido procesadas o condenadas en
forma injustificada, errónea o arbitraria.
Entonces, le queda la profunda inquietud de que, si bien es cierto
que podrían, desde un punto de vista meramente técnico y de conciencia,
dar por cumplido el trabajo, haciendo aquello que estrictamente debiera ser
propio de una Constitución Política, si siguen ese camino, en la práctica,
muchas de las aspiraciones o de los criterios más fundamentales en esta
materia van a quedar diluidos o no van a llegar a tener una concreción,
aunque sea fundamental o en su línea gruesa. En cambio, si la Comisión
resuelve algo al respecto, se facilita que ello, en definitiva, quede radicado
en alguna instancia en nuestro ordenamiento jurídico, sea en la
Constitución definitiva, sea en leyes constitucionales, sea, por último, en la
ley común que se dicte; pero ya va a haber un estudio realizado sobre el
problema y va a haber un criterio, expresado y afinado, que permita que
estas materias que les interesa realmente que se modifiquen o se concreten
en la vida del país, no queden simplemente en la idea o en la teoría o en la
aspiración, como ha pasado tantas veces y como teme que siga pasando en
la actualidad y hacia el futuro, en alguna medida por lo menos.
El señor CARMONA considera interesante el debate habido sobre la
conveniencia de dictar normas constitucionales muy generales. Comprende
el peligro que existe cuando, en vez de establecer sólo normas generales —
distingue entre éstas y las aspiraciones que señale la Constitución—, se
incluyen en la Carta Fundamental disposiciones particulares. El distingue
entre eso y lo que debe ser una norma general, especialmente en lo
relativo a la estructura de los Poderes del Estado. Deben recordar que
precisamente el Acta Constitucional que están estudiando es para
determinar las estructuras de los Poderes del Estado, según se dice en el
mandato que está vigente.
Por lo tanto, le parece que podría empezar a pensarse —lo plantea