Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que, en cambio, los tribunales contencioso-administrativos quedarían
sujetos a esa superintendencia, en virtud de lo que ha expuesto el señor
Martín hace un momento.
Quiere saber en qué situación se estima que están los tribunales
especiales respecto de la disposición vigente, cuyo texto se propone
mantener. Se refiere a aquellos tribunales que están compuestos por
magistrados de los tribunales de justicia, por una parte, y por autoridades
administrativas, por otra. Ellos ya no son propiamente entes
administrativos llamados a ejercer jurisdicción o erigidos en tribunales, de
composición variada, heterogénea. Sin perjuicio de los recursos que, contra
las resoluciones que ellos dicten, proceda hacer valer ante los tribunales
superiores de justicia, es necesario precisar qué alcance tiene, respecto de
los miembros de esos tribunales especiales, la superintendencia directiva
correccional y económica de la Corte Suprema.
El señor ORTUZAR (Presidente), acerca de la pregunta formulada por
el señor Guzmán, señala que se reduce a saber si estos tribunales, que
ejercen propiamente jurisdicción, que no son entes administrativos, sino
tribunales especiales que tienen una configuración heterogénea, están
sujetos a la superintendencia de la Corte Suprema. Personalmente, estima
que sí.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) también
cree que si. Dado el texto actual de la Constitución, lo está todo “tribunal”.
En esto, se permite aclarar lo que preguntaban hace un momento el señor
Díez y la señora Bulnes, en el sentido de que, según el artículo 86 —así ha
sido interpretado siempre por la Corte Suprema—, todo “tribunal”, o sea,
todo organismo que ejerce funciones jurisdiccionales, está sujeto a la
superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.
Le parece que en eso no ha habido discrepancia. En el fondo, siempre la
Corte Suprema ha estimado que estos tribunales quedan sujetos a esa
jurisdicción. Ha habido, claro, discrepancias, en el seno mismo de la Corte
Suprema, respecto de algunas situaciones especiales; pero siempre ha
prevalecido en ella el criterio de que los “tribunales” propiamente tales —
llámense tribunales de comercio, tribunales de marcas, tribunales de
impuestos— quedan bajo su jurisdicción, porque son “tribunales”,
Ahora, en cuanto a que, como decía hace un momento el señor Díez,
los actos administrativos propiamente tales vayan a quedar bajo la
jurisdicción de la Corte Suprema, no le parece que ello pueda ocurrir. En
realidad, no podría convertirse a la Corte Suprema en un organismo súper
contralor; eso sería desvirtuar sus funciones. En cambio, si se mantiene la
idea de que todo “tribunal”, como tal, quede sujeto a la superintendencia
directiva, correccional y económica de ella, se alejará el temor que han
expresado algunos miembros de la Comisión acerca de que, en un
momento dado, la Corte Suprema entrara a paralizar a la Administración,
porque su superintendencia no se refiere a todos los actos administrativos,
sino que sencillamente se remite a los tribunales creados por leyes
especiales y que ejercen funciones jurisdiccionales.