Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

artículo 72, número 17, que “en las situaciones de emergencia no se podrá
infringir el fuero judicial”. Y éste comprenderá o incluirá, entre otras cosas,
el no ser “perseguido”. Tanto es así, que la disposición habla de que el juez
no puede ser procesado, perseguido o privado de libertad “por ninguna
autoridad o agente de ella”. O sea, se está refiriendo especialmente a la
autoridad administrativa; no al caso de la investigación judicial, de la acción
judicial propiamente tal, ni mucho menos al caso en que la acción judicial
diga relación a delitos ministeriales, porque ahí rige la querella de capítulo,
como que se contemplará un inciso especial, que ya estaba acordado en
principio por la Comisión, en el sentido de que el fuero no se aplicará al
procesamiento por actos ejecutados por los magistrados en el ejercicio de
sus funciones ni con respecto a las facultades disciplinarias de los
Tribunales Superiores de Justicia. De manera que siempre habían estado
debatiendo este precepto sobre la base de que el fuero judicial cubriera
tanto la situación de normalidad como la situación de emergencia.
El señor OVALLE acota que no cubre la situación de emergencia,
porque todo depende de las facultades que se den en ella.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que, ahora, para poder
pronunciarse, lo importante es saber si la Comisión quiere que el fuero
cubra o no la posibilidad de la citación judicial y la del sometimiento a la
vigilancia de la autoridad. Después verá qué ubicación les dan a las
disposiciones, como lo han hecho muchas veces. Pero debe determinarse
qué es lo que cubrirá el fuero. Porque, en definitiva, si en las disposiciones
de la emergencia se dice que éstas no se podrán tomar contra los
magistrados sin que, previamente, la Corte de Apelaciones respectiva dé la
autorización correspondiente, ¿qué se está haciendo? Evidentemente, se
está consagrando un fuero. Por algo se hace la excepción. ¿Por qué se hace
la excepción? Por el fuero. De modo que deben determinar qué es lo que
cubrirá este fuero.
El señor GUZMAN señala que cree que la solución del problema se ha
despejado bastante. A su modo de ver, ha quedado claro ya, en las últimas
sesiones, que lo que están tratando aquí es el fuero ordinario, es decir, un
privilegio de naturaleza procesal, que exige, como lo ha recordado el señor
Ovalle, un pronunciamiento de un tribunal de jerarquía superior a la del que
debiera juzgar al magistrado en forma normal, de acuerdo con las reglas
ordinarias, para que el juez pueda ser sometido a un proceso o privado de
libertad. Pero se trata de un privilegio de índole procesal, y sólo de eso.
Obviado ese privilegio y declarado el desafuero, la persona es sometida a la
legislación ordinaria de fondo y también a las normas de procedimiento que
rijan el caso.
Ahora, en esta materia, el término “perseguido” puede tener dos
alcances: impedir persecuciones ilegales o impedir persecuciones legales. Si
de persecuciones ilegales se trata, no tiene sentido incluirlo en un precepto,
porque, obviamente, ése no es un problema de fuero ni de privilegio
procesal. En efecto, ni el juez ni ningún ciudadano puede ser objeto de
persecuciones ilegales de parte de la autoridad, y para ello hay una serie de