Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Corte Suprema. El otro caso sería, quizás, cuando hay discrepancia sobre
el alcance de alguna facultad legal que se otorgue al Presidente de la
República; ahí podría haber decretos de insistencia. Pero en materias
graves, no.
El señor GUZMAN expresa que está plenamente de acuerdo en
cuanto a que el tema del decreto de insistencia tiene rango constitucional,
porque es parte de un problema más amplio, que es el control de la
constitucionalidad y de la legalidad de las leyes y decretos; en este caso
más específicamente, el control de la constitucionalidad de los decretos.
Cree que todo ello debe formar parte de la Constitución Política, porque
atiende a uno de los aspectos claves, como dijo el señor Presidente, del
funcionamiento de un Estado de Derecho.
Respecto del alcance del decreto de insistencia, estima que por lo
menos debe contemplarse todo aquello que envuelva dirimir un conflicto
de interpretación jurídica. Porque no puede prevalecer, a su juicio, el
criterio de interpretación jurídica del Contralor frente al del Presidente de
la República con todo su Gabinete.
Ahora bien: si en determinados casos se estima que no hay envuelto
un problema de interpretación jurídica, sino simplemente la verificación
de un hecho material —como podría ser el caso de algunos
decretos promulgatorios de leyes o de reformas constitucionales—, cabría
estudiar la posibilidad de prescindir del decreto de insistencia.
Pero, agrega, incluso en esas materias tiene una reserva grave.
Porque, en primer lugar, el ejemplo que ayer les trajo a colación el señor
Contralor sobre lo ocurrido en la Administración anterior fue, a su juicio,
un típico caso de interpretación jurídica sobre un problema de gran
trascendencia, que era el de las reformas constitucionales y la interpretación
que debía darse al artículo pertinente de la Carta Fundamental
que establecía la tramitación de dichas reformas. El Presidente de
la República de la época tenía un criterio, a su juicio, equivocado; el
Contralor General tenía un criterio diferente, en su concepto, acertado.
Pero considera que, estando en pugna dos criterios de interpretación
jurídica, no pueden configurar un sistema en virtud del cual el Contralor
cierra el paso al Jefe del Estado en la promulgación del decreto
correspondiente; le parece que en ese evento sería conveniente estudiar
la fórmula de remitir la resolución del conflicto a otra instancia, como
podría ser la Corte Suprema, según ha insinuado en distintas
oportunidades el señor Bertelsen. Porque la Comisión, insiste, está temerosa
de un Presidente que empiece a legislar por la vía del decreto,
extremo que a su juicio sólo puede darse cuando el Primer Mandatario
está colocado ya al margen de la legalidad y del respeto más elemental al
orden jurídico. Pero, si se ponen en casos extremos, también deben
considerar la posibilidad de que el Contralor incurra en una conducta
parecida y, sencillamente, impida legislar o entre a convertirse en un
semilegislador por la vía de detentar este poder tan amplio, no sujeto a
ninguna instancia posterior que pueda doblegarlo. Es evidente que si en