Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

un momento dado el Presidente de la República y la mayoría del Congreso
Nacional comparten determinado criterio, el Contralor tendrá que
inclinarse, porque seguramente será la subsistencia de su cargo la que
estará en juego si él abusa en ese evento.
Tienen que colocarse, insiste, en todas las hipótesis posibles. No
deben partir de la base de que el Presidente de la República va a contar
en un momento dado con el favor del Parlamento ni trabajar sobre esa
hipótesis. Porque en definitiva, si de abusos se trata, ellos pueden
cometerse por cualquiera de los órganos que intervengan en esta
materia, ya sea coligados entre sí varios de ellos, ya sea actuando cada
cual en forma independiente.
Por lo tanto, se remitiría a una doctrina, a un criterio fundamental:
cree que, en líneas generales, el decreto de insistencia debe proceder
siempre que esté envuelta una discusión o una discrepancia de
interpretación jurídica entre el Presidente de la República y el Contralor,
sin perjuicio de que en determinados casos se entregue a una instancia
posterior la resolución de este conflicto.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que observa el asunto
desde un ángulo muy similar o parecido al que ha señalado el señor
Guzmán.
A su juicio, es de claridad meridiana que, por la vía del decreto de
insistencia, el Presidente de la República no puede legislar ni modificar la
legislación, ni mucho menos infringir la Constitución. Por esta misma
razón, tampoco puede caber el decreto de insistencia para hacer
prevalecer los términos de un decreto supremo que sea promulgatorio de
una ley o de una reforma constitucional y que no se ajuste realmente a la
voluntad del Parlamento o del Constituyente. Pero nunca ha pensado que,
en definitiva, vaya a prevalecer la voluntad o la opinión del Contralor, sino
que, como sugiere el señor Guzmán, este conflicto tiene que ser resuelto.
Su impresión es que tendría que ser resuelto por el Tribunal
Constitucional, con la nueva conformación que se le daría, como más de
alguna vez se ha insinuado aquí. Será el Tribunal Constitucional el que
tendrá que decir si el decreto promulgatorio se ajusta o no a la voluntad
del Poder Legislativo o del Poder Constituyente, en su caso, y el que
tendrá que decir si ese decreto supremo viola o no la Constitución. Pero,
de lo que no cabe duda, en esta materia, es que el Presidente de la
República no podrá hacer prevalecer su voluntad por la vía de la
insistencia. Entonces, esta nueva instancia, que para él sería el Tribunal
Constitucional, tendrá que resolver el conflicto. Este siempre tendrá que
ser resuelto. Pero lo que no podrá prevalecer es la voluntad del Presidente
de la República por la vía de la insistencia. La actitud del Contralor
servirá, precisamente, para crear el conflicto y para que éste se pueda
resolver por la entidad correspondiente.
El señor BERTELSEN expresa que el sistema que señala el señor
Presidente sería semejante al que se estableció en 1970, en la gran