Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Corte Suprema está conforme con el planteamiento de que debe extenderse
esta facultad a los miembros del más alto tribunal de la República,
y si hasta ahora ha habido algún pronunciamiento o algún criterio del
Tribunal al respecto.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) responde
que no, pues las veces que ha habido alguna dificultad con los miembros de
la Corte Suprema, el Tribunal ha actuado de manera que ese miembro
jubile o renuncie; pero no se ha llegado al problema de la remoción.
Pero cree útil —y en eso está completamente de acuerdo con lo que
expresaba el señor Presidente de la Comisión y algunos de sus miembros—
que la Corte Suprema también quede sujeta a la remoción en caso de que
sea necesario.
El señor ORTUZAR (Presidente) acota que lo contrario significaría
establecer una excepción que permitiría incluso el mal comportamiento de
un miembro del tribunal.
En seguida, expresa que los incisos observados en la sesión a que se
referían, dicen:
“Anualmente, se practicará una calificación de todo el personal del
Poder Judicial sujeto a la jurisdicción disciplinaria de la Corte Suprema en la
forma que determine la ley. Para acordar la remoción del personal que goce
de inamovilidad y que sea mal calificado, la Corte Suprema requerirá el
acuerdo de la mayoría del total de sus componentes”.
Con relación a estas normas hace presente que se formularon dos
observaciones. La primera fue que en concepto de algunos miembros de la
Comisión, ellas no tendrían jerarquía constitucional, o no debieran tenerla,
y que deberían ser materia de ley; la segunda, dice relación a la remoción
del personal que sea mal calificado. Algunos miembros estimaron que la
remoción por mala calificación no era sino una de las formas que podía
adoptar el mal comportamiento. De manera que se estimaba casi
innecesario que el mismo precepto constitucional contuviera normas
relacionadas con el mal comportamiento y con la mala calificación.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) manifiesta
que en realidad esto fue agregado el año 1973, con lo que varió el sistema
de calificación. Y como la Constitución exigía los dos tercios, y se hacía casi
imposible muchas veces en la práctica obtener ese quórum en casos
claramente procedentes de eliminación de un juez —los dos tercios es una
mayoría demasiado alta en el Tribunal—, se buscó esta fórmula.
Está plenamente de acuerdo con los señores miembros de la Comisión
en que la disposición relativa a la calificación anual y a la remoción
como consecuencia de una mala calificación no tiene por qué tener rango
constitucional. De lo que sí, a su juicio, habría que dejar constancia es de
que la remoción requiere de un quórum especial.