Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

SESION 3O2~, CELEBRADA EN MIERCOLES 29 DE JUNIO DE
1977 1299
El señor BERTELSEN hace presente que él ha observado otro punto
que incide en el recurso de inaplicabilidad, el que ha funcionado en Chile
bastante bien, pero falla por uno de sus supuestos, y puede seguir fallando,
cual es que para plantearse un recurso de inaplicabilidad debe, o debía
según el texto del año 1925, estar pendiente un juicio —ahora se dice
“gestión”—, pero siempre ante otro tribunal; de modo que si no se organiza
bien la jurisdicción contencioso-administrativa, se van a encontrar con que,
respecto de las leyes administrativas, que son los preceptos legales que
más frecuentemente se elaboran y se promulgan en el país, va a quédar
siempre la posibilidad de que no pueda declararse la inaplicabilidad de un
precepto legal porque no hay juicio pendiente o probabilidad de gestión
ante otro tribunal.
Por eso, desde este punto de vista, estima que habría que considerar
tal vez la posibilidad de declarar inaplicable una ley, no sólo en relación a
una gestión que se siga ante otro tribunal, sino también con respecto a una
gestión que se siga ante un organismo administrativo.
Comprende que el asunto es delicado, porque es la Corte Suprema la
que le está diciendo a un organismo del Estado que, sin que haya juicio
pendiente, no puede aplicarse este precepto legal.
Estima que quizás haya que dejar esto pendiente —encuentra que es
muy peligroso—, pero por lo menos hay que poner una llamada de atención
cuando se vea la jurisdicción contencioso-administrativa; o bien, se podría
salvar el problema con otro precepto que diera rango constitucional al
principio de la inexcusabilidad, de modo que los tribunales tuvieran
obligación de pronunciarse sobre los asuntos sometidos a su conocimiento y
no pudieran excusarse de hacerlo, como lo han hecho en otras ocasiones,
por falta de ley expresa que resuelva el asunto.
El señor ORTUZAR (Presidente) explica que ese argumento del señor
Bertelsen fue hecho valer por la Mesa en su oportunidad, la que todavía
agregó que no se podía salvar esta situación con el recurso de protección
porque, en este caso, no se trataría de actos administrativos arbitrarios, ya
que estarían de acuerdo con la ley, de manera que no podría operar el
recurso de protección.
Hace presente que, incluso, señaló que había otros casos de inconstitucionalidad
que también iban a quedar al margen de la declaración
de inaplicabilidad, como son aquellos en que no había un interés particular
afectado, lo que ocurría con frecuencia en el Parlamento anterior, en que se
dictaban leyes desfinanciadas o cuya iniciativa correspondía exclusivamente
al Ejecutivo, aún cuando esta última materia vendría a ser propia del