Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor GUZMAN piensa que, a la luz del debate habido, se pueden
sacar algunas conclusiones. En primer lugar, está muy claro, como lo
señaló el señor Carmona, que la idea fundamental de la proposición del
señor Bertelsen apunta a que se afiance un principio del Poder Judicial,
como lo es su carácter técnico y profesionalizado, y que se impidan por esa
vía, leyes que pudieran desnaturalizar ese principio esencial, que debe
tener un rango y afianzamiento constitucional.
En segundo término, estima que está igualmente claro que no puede
ser extendido a todas las personas que ejercen jurisdicción, y que tampoco
tiene mayor utilidad extenderlo a los miembros del Poder Judicial, pues,
como acaba de anotar el señor Presidente de la Corte Suprema, basta con
que la ley considere que los integrantes de los tribunales no letrados que
cree no serán miembros del Poder Judicial, para que queden excluidos, en
la práctica, y se les dé carácter de Tribunales especiales.
El señor ORTUZAR (Presidente) piensa que esos tribunales no
podrían ejercer jurisdicción sobre asuntos civiles y criminales.
El señor GUZMAN estima que podrían hacerlo, porque la única
exigencia para ejercer jurisdicción sobre asuntos civiles y criminales es que
los tribunales estén establecidos por ley, de modo une si la ley crea estos
tribunales y les da una naturaleza de tribunales especiales, separados e
independientes del Poder Judicial, podría perfectamente llegarse a los
mismos resultados que el señor Bertelsen pretende evitar, y en lo cual
todos concuerdan.
En tercer lugar, considera que también resulta evidente que lo que
hay que procurar, esencialmente, es que la ley no pueda, desnaturalizar y
distorsionar esta estructura básica del Poder Judicial, que emana del
principio de su carácter técnico y profesionalizado, y en tal sentido, las dos
líneas de solución propuestas le parecen sumamente acertadas y
conducentes a la finalidad que se busca. Recuerda que, por una parte, el
señor Presidente de la Corte Suprema ha insinuado que se estudie la
posibilidad de incluir una disposición dentro de este mismo precepto,
incluso en el mismo inciso, por la cual jamás una justicia no letrada pueda
fallar en única instancia. Cree que tal precepto, por sí sólo, cubre ya una
gran parte del problema que les preocupa, porque es evidente que no podrá
crearse, al margen de la justicia letrada, todo un sistema jurisdiccional que
altere el principio fundamental de la justicia profesionalizada y técnica, de
modo que le parece de la mayor trascendencia, y estima que, a veces, más
que establecer un principio en forma global, hay que buscar la disposición
precisa que tienda a asegurar su vigencia práctica. Hace presente que el
sistema presidencial chileno fue consagrado en la Constitución de 1925, en
el artículo 39, N° 2, sobre la base de decir, simplemente, que la fiscalización
que ejerciera la Cámara de Diputados no incidiría en la responsabilidad
política de los Ministros y, por lo tanto, en la permanencia en sus cargos.
De manera que estima que a través de una disposición indirecta como ésta,
puede obtenerse perfectamente el afianzamiento constitucional de un