Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

correccional y la económica, o sólo la correccional?
Incluso, también se formularon algunas objeciones relativas más
bien a la forma como está redactado el precepto.
Sobre este particular, la Comisión tiene especial interés en escuchar
a los señores profesores.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) puntualiza
que la Subcomisión y la Corte Suprema creen que el artículo debe
comprender a todos los tribunales de la nación, cualquiera que sea su
naturaleza, dejando excluidos, como lo dice el precepto, a los tribunales
militares en tiempo de guerra externa, comprendidos, en cambio, esos
mismos tribunales en tiempo de guerra interna.
En cuanto a que la Corte Suprema tenga la superintendencia
directiva, correccional y económica de todos los tribunales, no ve inconveniente
para limitar la disposición sólo a la superintendencia correccional,
porque lo que interesa fundamentalmente es que, de acuerdo
con los artículos 340 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, la
superintendencia correccional incluya, conforme al artículo 536, la facultad
de la Corte de enmendar las actuaciones de los tribunales.
En cuanto a la superintendencia directiva y económica, no le parece
una cuestión fundamental establecerla.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión de lo Contencioso-
Administrativo) anuncia que, como algunos de los señores miembros de la
Comisión no estuvieron presentes en la oportunidad en que hizo una
exposición genérica acerca del proyecto de lo contencioso-administrativo,
dirá algunas palabras para centrar el tema.
Cuando la Subcomisión estudió lo relativo a los tribunales
administrativos, prescindió totalmente de la actual disposición del artículo
87 de la Constitución Política, no estimó adecuada la creación de los
tribunales administrativos especiales y decidió que la materia de lo
contencioso-administrativo debía estar entregada a los tribunales ordinarios
de justicia. Por ello, propuso a la Comisión Constituyente agregar un
segundo inciso al artículo 80 de la Carta Fundamental, en el cual se decía
que “Todo aquel que se sienta agraviado, sea por acción u omisión de
terceros, sea por la acción u omisión de las autoridades políticas,
legislativas, administrativas o judiciales, podrá acudir ante los tribunales de
la República en amparo de sus derechos”. Con esto bastaba para dar a
entender que los tribunales ordinarios iban a conocer, iban a tener
jurisdicción sobre todos los asuntos administrativos.
También consideró la posibilidad de centrar en los tribunales
administrativos todas las materias que en este momento son de la
competencia de una inmensidad de tribunales especiales. Desgraciadamente,
se constató un problema bastante grave: los tribunales especiales en el
país pasan de cincuenta en la actualidad y no se podía llegar a la
especialización de tal manera que se pudiera decir que tales o cuales