Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ponderación respecto de aquellos efectos negativos que, en realidad, sí se
han producido, como son los que el señor Ovalle anotaba y que se
traducen en que no siempre la supremacía constitucional ha sido
eficazmente garantizada respecto de la protección de los derechos de los
ciudadanos.
Añade que sin llegar tan lejos como lo plantea el proyecto propuesto
en 1964 por el Presidente Alessandri, expresa que debe reexaminarse si
acaso es necesario que se exija un juicio pendiente para que el recurso de
inaplicabilidad pueda entablarse por un particular que se vea afectado en
sus derechos por una ley que adolece de inconstitucionalidad de fondo.
Pregunta, en primer lugar, hasta qué punto se justifica esta exigencia de
juicio pendiente; por qué se estima, o se ha estimado hasta ahora, o
estimaría la Comisión, y estimó la Subcomisión específicamente necesario,
razonable y conveniente mantener la exigencia de que haya juicio
pendiente, y, muy unido a esta pregunta, quiere saber si acaso en la
práctica esta exigencia no dificulta una aplicación justa, eficaz y amplia de
la supremacía constitucional en lo que se refiere específicamente respecto
de los derechos de los particulares. Dice que él tiende más bien a pensar
que sería razonable exigir, como requisito, que quien recurre se vea
perjudicado de alguna manera por la norma legal, sin exigir que haya juicio
pendiente, sino, parodiando la exigencia del recurso de apelación, que le
cause agravio o perjuicio la ley, de alguna manera, Comprende que sería
extraordinariamente inconveniente y poco práctico dar facultad a los
ciudadanos para poder recurrir simplemente por un interés público, que
estuviera muy acendrado en su espíritu y pedir, por lo tanto, la
inconstitucionalidad de cualquier precepto legal que estimaran que va en
contra de la Constitución, en cuanto se refiere a la inconstitucionalidad de
fondo que se está tratando.
Agrega que, tal vez, sería, obviamente, llevar las cosas demasiado
lejos y crear frondosidad y caos en esta materia, pero si la ley causa
perjuicio a un particular, pregunta por qué se va a requerir que haya juicio
pendiente, y repite que esto es lo que no tiene claro y, a primera vista,
tiende a pensar que no se justifica la exigencia.
El señor ORTUZAR (Presidente) ofrece la palabra al señor José María
Eyzaguirre, (Presidente de la Corte Suprema).
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) expresa
que, respecto de esta materia, fue muy completo el debate que se produjo
en la Comisión que la redactó en 1925, y explica que este precepto fue
tremendamente combatido por don Guillermo Guerra, quien, con los
mismos argumentos que da el señor Díez en la actualidad, sostenía que no
procedía en ningún caso que el Poder Judicial pudiera imponer su criterio al
Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y se opuso en todo tiempo a la
inaplicabilidad, por lo que se llegó a una solución de transacción con la
intervención del Presidente Alessandri, que presidía la Comisión Redactora
de la Constitución de 1925. Añade que esa solución de transacción fue la
que redactó el miembro de la Comisión don José Maza, y que se tradujo