Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Piensa que, en cuanto a la posibilidad de redactar la ley orgánica de
la Contraloría, ello quedará entregado, naturalmente, a los requerimientos
del Gobierno.
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) estima que los
requerimientos se harán de todas maneras, porque la norma de rango
constitucional, para referirse tanto al Acta como a la Constitución definitiva,
contendrá lo que un tratadista de apellido Bursel —le parece— llamaba
“conceptos-válvulas”, que se abren o cierran según el mecanismo que se
accione, y cree que es muy peligroso dejar entregada su redacción a
quienes no están imbuidos del criterio que inspiró a los redactores de la
normativa constitucional, ya que en la Carta Fundamental sólo podrá
hablarse del control, sin adjetivarlo ni reglamentarlo, porque eso no cabe en
una norma de esta naturaleza, y entregar su materialización a otros
redactores repite que lo encuentra peligroso, por lo que, desde ya se
anticipa un poco al pedir la colaboración de esta Comisión para los efectos
de ir plasmando en la ley complementaria el desarrollo de estos grandes
principios de las Actas Constitucionales.
Refiriéndose a otro punto, recuerda que el señor Ortúzar acaba de
decir que la Comisión tiene un panorama muy claro en cuanto a la
estructuración de los sistemas de control, que son una base esencial de
todo Estado de Derecho, y es así como él distinguía un control jurisdiccional,
un control administrativo y un control político, por costumbre a cargo de los
órganos legislativos. A este respecto, hace presente que quiere adelantar
que comparte en su integridad el criterio manifestado en una conversación
informal por Su Excelencia el Presidente de la República, orientado hacia la
búsqueda de un nuevo sistema de control —revolucionario diría ella—, que
él llama el control del poder militar, que estaría sobre los demás controles.
Piensa que tal vez no pueda llamarse “del poder militar” —él lo denomina
así—, pero puede tener otro nombre: es el control garante de la mantención
de toda la institucionalidad que este Gobierno está constituyendo; es decir,
permitir que de una u otra manera —tiene que buscarse la manera más
adecuada—, frente a una posible vuelta atrás, hacia la destrucción de los
grandes valores de nuestra civilidad y de nuestra institucionalidad, las
Fuerzas Armadas, por imperativo de la norma jurídica, puedan tener algún
tipo de participación, que no los lleve a nuevos 11 de septiembre, pero sí a
una prevención eficaz de esa destrucción institucional. Hace presente que
esto lo quería dejar en claro para un posible debate sobre el análisis integral
de los sistemas de control.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que el planteamiento no les
extraña, por lo menos, a los que son miembros de esta Comisión desde su
inicio, porque en el memorandum que presentaron a la consideración de la
Junta de Gobierno —el señor Lorca le está recordando que él fue el autor de
la indicación—, entre las funciones de las Fuerzas Armadas, consideraban la
de ser lo que llamaban, le parece, en términos más o menos textuales,
“garantes de la institucionalidad”, para destacar, como lo hacían en ese
informe, que las Fuerzas Armadas no están, como creyó el señor Salvador
Allende, al servicio del Presidente de la República, sino al de la