Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que el Acta Constitucional relativa al Poder Judicial salga conjuntamente
con la referente a la nueva estructura del Poder Legislativo, ya que le
parece que un Acta destinada exclusivamente al Poder Judicial tendría más
inconvenientes que ventajas; en cambio, si existe el propósito —expresado
por Su Excelencia el Presidente de la República—, de establecer una nueva
institucionalidad en que quede derogada en forma total la Constitución de
1925, considera lógico que los Poderes del Estado queden en conjunto, los
tres claramente establecidos: o sea, el Poder Ejecutivo; el Poder
Legislativo, en la forma que se le quiera dar, y el Poder Judicial, con las
características que todos conocen.
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) señala que considera
tan valederas y tan fuertes las razones de una posición como de la otra.
Pero, en este caso —a diferencia de la oportunidad anterior en que le
correspondió participar—, personalmente se inclina más por una de las
tesis, por la planteada por el señor Presidente de la Corte Suprema. Ello
porque —como lo destacaba el señor Presidente—, aún cuando este
Gobierno en esa Acta Constitucional perfeccionase la institución jurídica de
la independencia plena del Poder Judicial; aún cuando mejorase la
normativa; agilizase sus preceptos, va a ser objeto de críticas interesadas
en el extranjero. Piensa que es una agravante y un pasto para ellas la
circunstancia de que en diversos círculos se les ha dado a las Actas
Constitucionales el carácter de relativa transitoriedad, por algo se llaman
Actas Constitucionales y no Constitución Política, que va a ser el trabajo
definitivo de esta Comisión. Y si durante el período de vigencia de estas
Actas se regulase aún de manera idéntica al Poder Judicial, se estaría
diciendo por aquellos críticos interesados que éste está siendo arrastrado a
una situación de transitoriedad.
Da cuenta de que hoy fue llamada por el Presidente de la República
para tratar varios temas y en un momento en que tuvo oportunidad de
plantear esta inquietud que existía en la Comisión, lo hizo, por cierto sin el
acopio de antecedentes ni la decisión de quienes la componen ni de quienes
sientan una u otra posición, sino que, exclusivamente, de manera
informativa. El Presidente desde un ángulo de conveniencia, en principio,
también la autorizó para decirles acá que se inclina por acoger la tesis de
no ir de inmediato a la dictación de un Acta Constitucional para el Poder
Judicial y, aún más, le destacó que no estaba la Comisión bajo el
imperativo legal inmediato para hacerlo. Ese imperativo emanaría de la
norma que dice que deben transformarse en actas todas aquellas normas
que hayan modificado de alguna u otra manera los Poderes del Estado y su
ejercicio. No es el caso del Poder Judicial, destaca, que no ha sufrido
enmiendas en cuanto a su estructura esencial orgánica. Por lo tanto, ella
estima que hay un punto de coincidencia en las dos tesis: una dice, no Acta
Constitucional; la otra dice, sí, pero sin urgencia. Esa parte final es donde
entroncan ambas tesis. Pudiese ser útil, entonces, agrega, que tal coincidencia
redundara en el punto de ir estructurando un mejoramiento de la
normativa orgánica a nivel constitucional del Poder Judicial. Y si se llegase a
una unanimidad de criterios en cuanto a que es posible un Acta, se dicte
ella más adelante, sin urgencia, ya sea en la oportunidad que señala el