Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Entonces, si un señor tiene intereses comprometidos y tiene especial
deseo de que eso se cumpla rápidamente, puede costear la publicación,
salvo que tenga privilegio de pobreza, caso en el cual los tribunales están
obligados a publicar gratis. De otro modo, todo esto se va a cargar al
presupuesto de los tribunales, porque el Diario Oficial nada publica si no se
paga.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión sobre lo contenciosoadministrativo)
dice que, en todo caso, ello podría considerarse cuando
realicen la discusión artículo por artículo.
La sentencia debe cumplirse dentro del plazo de dos meses siguientes
al envío de las copias de las sentencias; y, si no se cumple, la
autoridad o el funcionario responsable es civilmente responsable y,
además, se hace acreedor a las sanciones que establece el artículo 253 del
Código Penal, atinentes al desacato, aumentadas, eso sí, en un grado.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) manifiesta
que habría que estudiar muy bien todo ese problema del desacato, porque
en virtud de una reforma él fue colocado entre las disposiciones de la Ley
de Seguridad Interior del Estado. Entonces, no se puede iniciar la acción
por desacato sino a requerimiento del Ministerio del Interior o del
Intendente respectivo, pues se quitó a los fiscales la facultad de entablarla,
y lógicamente el Poder Ejecutivo no tendría interés en entablar la acción
por desacato si el desacatante es él mismo. Entonces es preciso
modificarlo. Hay que armonizar una cosa con la otra.
El señor GUZMAN pregunta si sería adecuado restablecer una
disposición que faculta a los fiscales para iniciar el proceso por desacato, a
lo cual el señor Presidente de la Corte Suprema contesta afirmativamente.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión sobre lo contenciosoadministrativo)
señala que una modalidad especial en esta materia de
cumplimiento de la sentencia la constituye la suspensión o inejecución total
o parcial de ésta, lo cual dice relación a la observación que formulaba el
señor Presidente de la Comisión.
La suspensión o inejecución sólo puede producirse previo decreto
supremo, con la firma de todos los Ministros de Estado. La inejecución
procede sólo en caso de peligro de trastorno grave del orden público, y la
suspensión del cumplimiento de la sentencia, cuando produzca detrimento
grave de la hacienda pública. En estos casos el Ministro de Estado
correspondiente o el jefe de servicio debe proponer una forma de
cumplimiento de la sentencia que se llama “cumplimiento por equivalencia”.
Esto se ha tomado del derecho francés. Cree que el derecho
administrativo español también lo considera.
La proposición del cumplimiento por equivalencia debe ser aprobada
por el juez, claro que oyendo al demandante —por eso, el proyecto dice